BOGOTÁ (Reuters) - La Fiscalía General de Colombia ordenó la captura de un argentino y un español, funcionarios de la filial de una empresa italiana que construyó un oleoducto en el país sudamericano, por supuestos pagos a la guerrilla izquierdista, informó el jueves una fuente del organismo investigador.
La unidad contra el terrorismo, que investiga a la empresa SICIM y algunos de sus directivos en Colombia por el pago de millonarias sumas en moneda local al Ejército de Liberación Nacional (ELN), también pidió la captura de tres integrantes de ese grupo guerrillero.
"Un juez de control de garantías de Bogotá, por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, ordenó la captura de los guerrilleros alias Beto, Alexander y Truco junto con los empresarios Roberto Jorge Rigoni y Francisco Elizondo", dijo la fuente.
El funcionario precisó que el español Elizondo y el argentino Rigoni, enfrentan cargos por financiación del terrorismo, rebelión y extorsión.
SICIM, con sede en Italia y sucursales en varios países de África, Europa y América, participó en las obras de la primera fase del Oleoducto Bicentenario en Colombia, que tuvo un coste superior a 1.000 millones de dólares.
No fue posible obtener de inmediato una reacción de la empresa en Colombia ni establecer si los dos funcionarios a los que se ordenó capturar aún están en el país.
De acuerdo con las investigaciones de la fiscalía y las pruebas recolectadas que incluyen grabaciones telefónicas entre miembros del ELN y directivos de SICIM, la empresa pagó a los rebeldes para que les permitieran el paso de maquinaria por carreteras de los departamentos de Arauca y Casanare, en el noreste del país, y para evitar ataques.
El ELN, considerado como una organización terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea, es el segundo grupo guerrillero de Colombia, país que enfrenta un conflicto interno de más de medio siglo que ha dejado al menos 220.000 muertos y millones de desplazados.
Las obras se realizaron entre el 2011 y el 2013, cuando comenzó a operar el ducto de 230 kilómetros que tiene capacidad para transportar 110.000 barriles diarios de petróleo.
La legislación colombiana establece entre 13 y 22 años de cárcel a quien financie a grupos armados ilegales o terroristas.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, amenazó en el pasado con expulsar del país a las empresas que paguen extorsiones a la guerrilla.
El Gobierno mantiene contactos exploratorios con el ELN con la intención de iniciar una negociación de paz, separada a la que la que se realiza en Cuba desde hace más de dos años con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
En el pasado, empresas multinacionales del sector petrolero principalmente, se vieron comprometidas con el pago de extorsiones a grupos armados ilegales.
El narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal se han convertido en las principales fuentes de financiación de la guerrilla, de acuerdo con fuentes de seguridad.