14 dic (Reuters) - La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) dijo el lunes que hay fundamentos para creer que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad, al menos desde el 2017, por parte de autoridades del gobierno del presidente Nicolás Maduro.
La declaración está contenida en un informe de seis páginas sobre el caso Venezuela y que es parte del examen preliminar que hace la Corte para determinar si procede a una investigación formal y si se acusa a una o varias personas en la nación sudamericana.
La Corte, con sede en La Haya, examina el caso de Venezuela desde febrero de 2018 y en septiembre de ese mismo año un grupo de países -Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú- pidió una investigación, según el informe divulgado en la página web de la CPI.
La Fiscalía anticipa concluir ese examen preliminar sobre Venezuela "a fin de determinar si existe fundamento razonable para proceder a una investigación durante la primera parte de 2021", agregó.
En esta fase del examen y "sin perjuicio de otros crímenes que la Fiscalía pueda determinar en una etapa posterior, la Fiscalía ha concluido que la información disponible en esta etapa brinda un fundamento razonable para creer que, al menos desde abril de 2017, autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas e individuos a favor del Gobierno han cometido los crímenes de lesa humanidad", dijo.
"La información disponible indica que individuos a favor del gobierno también participaron en la represión de opositores del Gobierno de Venezuela, o gente percibida como tal, principalmente actuando junto con miembros de las fuerzas de seguridad o con su consentimiento", agregó.
El Ministerio de Comunicación y la Fiscalía de Venezuela no respondieron de inmediato un pedido de comentarios.
En 2017, opositores protagonizaron manifestaciones callejeras y enfrentamientos con cuerpos de seguridad y al menos 125 personas murieron en todo el país.
La CPI es un tribunal de última instancia, que interviene solo cuando un Estado no puede o no quiere enjuiciar delitos graves.
(Reporte de Vivian Sequera y Mayela Armas, Editado por Manuel Farías)