Por Vivian Sequera y Matt Spetalnick
CARACAS, 17 oct (Reuters) -El Gobierno de Venezuela y la oposición firmaron el martes dos acuerdos parciales que establecen algunas garantías electorales para una elección presidencial en 2024, lo que podría allanar el camino a un alivio de las sanciones estadounidenses al país.
Uno de los temas más controvertidos parecía, sin embargo, ser aún objeto de diferencias, porque mientras la delegación opositora dijo que lo acordado abría una ruta para que se retiren prohibiciones para que políticos se postulen, la representación oficialista lo negó.
Aparte de incluir temas como la fecha posible de la contienda presidencial y la observación internacional, los dos acuerdos parciales firmados el martes no detallaban los principales reclamos tanto del Gobierno como de la oposición.
Estados Unidos lleva mucho tiempo diciendo que levantaría algunas de sus sanciones al Gobierno del presidente Nicolás Maduro a cambio de concesiones democráticas por parte del presidente.
Mientras la Casa Blanca estudia los detalles de los dos acuerdos, que se firmaron en Barbados, no estaba claro qué tan pronto Estados Unidos podría anunciar cualquier revisión de las sanciones.
"Damos la bienvenida al acuerdo político liderado por Venezuela alcanzado hoy en Barbados", dijeron en una declaración conjunta Estados Unidos, la Unión Europea, Gran Bretaña y Canadá, calificándolo de un paso necesario hacia la "restauración de la democracia en Venezuela".
Pero en el comunicado reiteraron los llamados a la liberación de los presos políticos, la independencia del proceso electoral, la libertad de expresión y el respeto de los derechos humanos, cuestiones que no estaban mencionadas en el acuerdo del martes.
Reuters informó la semana pasada que Venezuela y Estados Unidos habían avanzado en sus propias conversaciones en Qatar hacia un acuerdo que podría permitir que al menos una empresa petrolera extranjera adicional vendiera crudo venezolano para pagar su deuda, si Maduro reanudaba las negociaciones con la oposición.
Cualquier alivio de las sanciones petroleras marcaría un nuevo giro por parte de la administración de Joe Biden alejándose de la campaña de "máxima presión" del expresidente Donald Trump contra el país sudamericano.
La reunión del martes en Barbados, mediada por Noruega, fue la primera entre las dos partes en 11 meses.
El acuerdo dice que cada parte puede elegir un candidato de acuerdo con sus reglas internas, días antes de que la oposición celebre sus primarias. La favorita María Corina Machado está inhabilitada para ejercer cargos públicos.
Gerardo Blyde, jefe de la delegación opositora, dijo tras el acto que los acuerdos creaban "una ruta para que los inhabilitados recuperen sus derechos" políticos y puedan postularse, mientras el representante del oficialismo, Jorge Rodríguez, dijo que si un aspirante está inhabilitado "pues tampoco puede ser candidato".
"El párrafo (del acuerdo) se refería a los derechos de todos los que no tengan ninguna otra limitación", agregó Rodríguez a periodistas.
Las conversaciones, destinadas a proporcionar una salida a la larga crisis política y económica de Venezuela, proseguirán en una fecha aún no determinada, según el acuerdo.
La oposición ha evitado exponer lo que podría suceder si Machado gana las primarias, porque no puede inscribirse para las elecciones generales. Aún no está claro si la oposición aceptaría que ella eligiera otro candidato para presentarse en su lugar.
Al menos dos candidatos que inicialmente iban a concurrir a las primarias se han retirado porque están inhabilitados.
Se espera que Maduro, presidente desde 2013, se presente a la reelección, pero aún no ha formalizado su candidatura.
Estados Unidos impuso sanciones a Venezuela para castigar al Gobierno de Maduro luego de unas elecciones de 2018 que Washington consideró una farsa. Desde 2019, las sanciones estadounidenses han limitado las exportaciones de petróleo de PDVSA.
El otro acuerdo firmado por las dos partes incluye un punto para proteger al refinador Citgo Petroleum, cuyas acciones de la empresa matriz se subastarán a partir de este mes a través de un proceso organizado judicialmente para pagar a los acreedores.
(Reporte de Vivian Sequera, Mayela Armas y Deisy Buitrago en Caracas y Matt Spetalnick en Washington. Editado por Javier Leira)