MADRID (Reuters) - La Audiencia Provincial de Palma se reunirá el viernes 7 de noviembre para deliberar y votar sobre los 14 recursos interpuestos contra el auto de fin de instrucción del caso Nóos, un fallo que confirmará si Cristina de Borbón se sienta finalmente en el banquillo de los acusados, informó el lunes el Tribunal Superior de Justicia de Baleares.
La Audiencia decidirá si acepta o desestima el recurso de la infanta Cristina, de 49 años, a quien el juez de Palma José Castro imputó por presuntos delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales en un auto que puso fin a una investigación de cuatro años en junio.
Desde entonces se han presentado 14 recursos contra el auto de fin de instrucción del magistrado, y la deliberación del viernes supondrá el paso previo a la apertura del juicio oral.
Aunque la reunión de la Audiencia Provincial estaba prevista inicialmente para el 23 de octubre, una recusación del sindicato Manos Limpias contra dos de los magistrados que debían decidir sobre los recursos retrasó el proceso.
El Tribunal Superior de Justicia de Baleares rechazó el pasado viernes las recusaciones, dando vía libre a la votación de la Audiencia.
El juez Castro considera que existen "sobrados indicios" de que la segunda hija del rey Juan Carlos dispuso y gastó dinero público desviado a la empresa familiar Aizoon, que posee al 50% con su marido, Iñaki Urdangarin.
La Fiscalía Anticorrupción ha recurrido la decisión del juez al considerar que no existían indicios racionales de criminalidad y acusó al juez de que su investigación estaba contaminada por los medios de comunicación.
Castro también mantuvo como imputados al marido de la infanta y a su exsocio Diego Torres por su gestión del Instituto Nóos, una organización sin ánimo de lucro que el exjugador de balonmano presidió entre 2004 y 2006, y desde la que presuntamente se desviaron 5,8 millones de euros de fondos públicos.
A Urdangarin se le imputan los delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, fraude a la Administración, tráfico de influencias y estafa.
El juez Castro ha tenido problemas para concretar las acusaciones contra la hermana del rey Felipe VI.
En abril de 2013, el magistrado dictaminó que había evidencias de que la infanta había colaborado con su marido, pero la Audiencia Provincial de Palma desestimó esos cargos en mayo de ese año, bajo el argumento de que las pruebas no eran suficientes. Le dio entonces más tiempo a Castro para investigar una acusación de fraude fiscal.
El juez comenzó después a investigar si la infanta hizo uso de fondos derivados de Aizoon para fines personales. El fiscal anticorrupción ya se mostró reacio entonces a la imputación de Cristina al no apreciar indicios de delito.
Finalmente, en enero de este año, la infanta declaró como imputada por un presunto delito de fraude fiscal y blanqueo de capitales por su participación a medias en Aizoon.
El caso es uno de los muchos escándalos de corrupción de alto nivel que han minado la fe en las instituciones públicas en España, en momentos de una grave crisis económica caracterizada por profundos recortes en los gastos sociales.