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MADRID (Reuters) - La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela admitió el martes la querella de la fiscalía española contra el ex presidente de la Generalitat y el resto de su gobierno por presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación y los citó a declarar entre jueves y viernes.
Los 14 imputados, que deberán depositar en un plazo de tres días una fianza de 6,2 millones de euros para responder de posibles responsabilidades civiles, están citados a declarar los próximos 2 y 3 de noviembre.
El destituido presidente catalán, Carles Puigdemont, se encuentra en Bruselas desde donde esta misma mañana pidió garantías antes de volver a Cataluña, aunque dijo que responderá "políticamente" a una querella que, en su opinión, no tiene sustento jurídico y persigue "una idea, no un delito".
La juez ha pedido que se incorporen a la causa las copias de los acuerdos adoptados por el Parlament y los últimos decretos del Govern sobre el proceso secesionista en los últimos meses y que incluyen la declaración de independencia y la Ley de Transitoriedad, ambas suspendidas por los tribunales.
En su auto, Lamela hace suyos los argumentos del fiscal al considerar que los hechos investigados iban dirigidos a proclamar una República catalana independiente y asume la competencia del tribunal.
Lamela explica que, en base al relato del fiscal, los querellados "urdieron una estrategia de la que habría de ser todo el movimiento secesionista, perfectamente organizada, y con reparto de papeles entre las autoridades gubernamentales, parlamentarias y asociaciones independentistas (ANC y Omnium) que llevaron a la celebración del referéndum ilegal el día 1 de octubre y a la declaración de independencia aprobada en el Parlamento el pasado 27 de octubre".
La juez considera que la querella del fiscal expone de manera "seria, racional y lógica, los motivos que llevan al Ministerio Fiscal a efectuar su provisional calificación como delito de rebelión que absorbería los delitos de sedición, desobediencia y prevaricación".
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