MADRID (Reuters) - La Audiencia Nacional ordenó el viernes el procesamiento de un guardia de una prisión marroquí por un presunto delito de genocidio en el Sáhara Occidental en 1977, que se suma al de 11 altos cargos de Marruecos procesados por la justicia española.
En un auto firmado por el juez José de la Mata, sustituto de Pablo Ruz al frente del Juzgado de Instrucción número 5, se acuerda la busca, detención e ingreso en prisión de Lehsan Chaf Yeudan, por haber cometido presuntamente actos de tortura contra un detenido en el cuartel de Esmara, en el Sáhara Occidental.
El juez Ruz ordenó en abril el procesamiento de once altos cargos del país alauí por su presunta participación en varios delitos de genocidio en el Sáhara Occidental entre 1975 y 1992, pero no acordó el procesamiento de Chaf Yeudan por considerar prescritos sus delitos y tratarse de un funcionario de base sin capacidad de decisión.
Sin embargo, tras un recurso presentado por la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis, el magistrado De la Mata ha procesado a Chaf Yeudan al considerar que sabía que el delito de torturas que se le atribuye formaba parte del delito de genocidio cometido entre 1975 y 1991 en el Sáhara Occidental y que éste aún no ha prescrito.
"Puede afirmarse que Lehsan Chaf Yeudan cometió los hechos
concretos en que participó siendo plenamente consciente de su inserción en un proceso sistemático de destrucción biológica del grupo étnico saharaui acometido por militares y policías marroquíes", dijo el auto.
Marruecos ocupó el Sáhara Occidental en 1975, iniciándose un conflicto armado con el independentista Frente Polisario que concluyó en 1991 con la firma de un alto el fuego en la excolonia española, rica en fosfatos y recursos pesqueros.
La petición de procesamiento emitida en abril alcanza al coronel Abdelhak Lemdaour, al teniente de la Gendarmería Driss Sbai y a los exgobernadores Said Ouassou y Hassan Uychen.
También están procesados el coronel Lamarti; el comisario de policía Brahim Bensami; el oficial Hariz el Arbi; el gobernador de El Aaiún Hassan Uychen; el director de seguridad territorial Abdelhafid Ben Hachem y los oficiales Bel Laarabi y Abdelghani Loudghiri.
El magistrado Ruz, atendiendo a un informe de la Fiscalía, vio indicios de veracidad en 50 casos de asesinato y más de 202 detenciones presentadas por la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis, que planteó en 2007 su denuncia en España atendiendo al principio de justicia universal.