MADRID (Reuters) - La cúpula de la Fiscalía General del Estado apoyó el miércoles de forma "muy mayoritaria" la decisión del fiscal general Eduardo Torres-Dulce de presentar una querella por la celebración de una consulta no autorizada en Cataluña el 9 de noviembre.
Torres Dulce convocó el lunes la reunión de la Junta de Fiscales después de la discrepancia planteada cuando los fiscales catalanes se negaron a querellarse contra el presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, por no acatar el fallo del Tribunal Constitucional de suspender la consulta soberanista.
En una nota de prensa, la fiscalía no precisó el grado de consenso de la junta, de carácter asesor, presidida por el Fiscal General del Estado, aunque señaló que el criterio era "casi unánime".
Según el fiscal, el líder catalán, la vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega y la consejera de Educación, Irene Rigau incurrieron en los delitos de prevaricación, desobediencia, usurpación de funciones y malversación.
A la reunión, que duró más de cuatro horas, asistieron un total de 25 fiscales de Sala. La Junta es un organismo asesor que expresa decisiones que no son vinculantes.
De prosperar, el proceso podría desembocar en una inhabilitación de Mas que eventualmente impediría su participación en unas próximas elecciones.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, declaró previamente su respeto a las decisiones adoptadas por la Fiscalía.
"Lo que haga la Fiscalía en el ejercicio de su autonomía, yo lo voy a respetar, sea una cosa o la otra (...) Creo que es la mínima obligación que tengo como presidente del Gobierno", dijo Rajoy en declaraciones a periodistas en los pasillos del Congreso.
Un total de 1,8 millones de catalanes, un 30 por ciento de la población con derecho a votar pero más de un 80 por ciento de los sufragios, se decantaron a favor de un proceso de independencia en la consulta no vinculante celebrada el 9N. (Full Story)
La votación fue una propuesta alternativa tras la suspensión de un referéndum de autogobierno, que tampoco tenía validez jurídica, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional.
"Si acaban formalizando esta iniciativa, el Estado español hará un ridículo internacional extraordinario", dijo por su parte el portavoz de la Generalitat, Francesc Homs, en unas declaraciones a una emisora de radio catalana, en las que aseguró que la actuación de la Fiscalía se debe a "un movimiento político".
Aunque el sentimiento de identidad y la pretensión de mayores competencias autonómicas son claramente mayoritarias en Cataluña, el movimiento independentista se ha visto desbordado en los últimos años por la falta de diálogo entre el gobierno regional y el central.