Por Raquel Castillo
MADRID (Reuters) - La Fiscalía Anticorrupción de Baleares solicitó el martes el sobreseimiento de la causa contra Cristina de Borbón por cooperación en dos delitos contra la Hacienda Pública, una petición que deja en el aire la posibilidad de que la hermana del rey de España se siente en el banquillo de los acusados en el juicio por el caso de corrupción Nóos.
El fiscal Anticorrupción de Palma, Pedro Horrach, estimó que la responsabilidad civil de la infanta deriva de su participación "a título lucrativo" en los presuntos delitos cometidos por su marido Iñaki Urdangarin y le reclamó algo más de 587.000 euros en concepto conjunto y solidario por la responsabilidad civil de su marido.
"Sigo solicitando el sobreseimiento (...) no comparto el criterio de la acusación popular y por tanto pido el archivo para ella", dijo Horrach en declaraciones a periodistas en Palma.
La Fiscalía sostuvo en su escrito que la imputación de la infanta vulnera el principio de presunción de inocencia y que no existe ninguna prueba de cargo que acredite su participación en el presunto delito contra la hacienda pública atribuido a Urdangarin.
"Tras meses de afanada investigación la conclusión que se ha extraído es un raquítico 'pudo conocer', que sitúa a Doña Cristina de Borbón en una posición de indefensión", dijo el escrito, que solicita 19 años y medio de prisión para Urdangarin.
La defensa de la infanta, de 49 años, valoró favorablemente la decisión, que definió como "conforme a derecho", y dijo confiar en que Cristina evitaría finalmente sentarse en el banquillo de los acusados.
"Manifestamos nuestra valoración favorable de todo lo que esto representa, creemos que es conforme a derecho y conforme a la ley", dijo el abogado de la infanta, Miquel Roca, en declaraciones a periodistas en Barcelona.
"Por lo que hace referencia a la responsabilidad civil que se reclama de la infanta por los hechos que se han atribuido a su marido, es intención de la infanta consignar de manera inmediata la cantidad para dejar así extinguida cualquier responsabilidad civil", agregó.
El letrado confirmó que la Abogacía del Estado tampoco ha formulado acusación penal contra Cristina de Borbón, por lo cual debería aplicarse lo previsto por la ley en estos casos y que la infanta evite ir a juicio.
"Estamos en la confianza de que en buena ley, lo que va a proceder es el sobreseimiento por lo que respecta a la infanta", agregó Roca.
El juez instructor del caso Nóos, José Castro, concluyó en su auto de fin de instrucción en junio tras cuatro años de investigación que existían "sobrados indicios" de que Cristina dispuso y gastó dinero público desviado a Aizoon, una sociedad "pantalla" que poseía al 50 por ciento con su marido.
La Audiencia Provincial de Palma confirmó a principios de noviembre la imputación a la hermana del Rey por dos delitos fiscales y archivó otra por blanqueo de capitales, al considerar probado que la infanta sabía que Aizoon no tenía estructura ni personal suficiente para llevar a cabo sus actividades.
"DOCTRINA BOTÍN"
La posibilidad de que Cristina de Borbón se siente finalmente en el banquillo de los acusados queda todavía sin aclarar al existir la posibilidad de que el juez aplique la llamada "doctrina Botín", una jurisprudencia dictada por el Tribunal Supremo.
Esta doctrina ha evitado juicios por delito fiscal cuando la imputación sólo estuviera apoyada por la acusación popular, en este caso procedente del sindicato Manos Limpias, y no por la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que en último término son los perjudicados por los delitos contra la Hacienda Pública.
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado 19 años y medio de prisión para el marido de la infanta por delitos entre los que se encuentran malversación de caudales públicos, falsedad en documento público, fraude a la administración o delito contra la hacienda pública.
El juez Castro imputó a Urdangarin y su exsocio Diego Torres por su gestión del Instituto Nóos, una organización sin ánimo de lucro que el exjugador de balonmano presidió entre 2004 y 2006, y desde la que presuntamente se desviaron 5,8 millones de euros de fondos públicos.
Para Torres, la Fiscalía ha solicitado 16 años y medio de cárcel mientras que para el expresidente de la comunidad balear, Jaume Matas, solicitó ocho años de prisión por malversación, prevaricación, falsedad en documento público y fraude a la Administración.
El martes terminaba el plazo para que las partes presentaran sus escritos de acusación ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, el paso previo a la publicación del auto de apertura del juicio oral.
Este caso es uno de los muchos escándalos de corrupción de alto nivel que han minado la fe en las instituciones públicas en España, en momentos de una grave crisis económica caracterizada por profundos recortes en los gastos sociales.
Desde que asumió el trono en junio tras la abdicación de su padre Juan Carlos I, Felipe VI ha puesto en marcha medidas de regeneración de la Corona, como la prohibición a los miembros de la Familia Real de trabajar en el sector privado o la eliminación de los gastos de representación a los que tenían derecho sus hermanas mayores, Elena y Cristina.
La infanta Cristina, en un intento por alejar a su familia de la presión de los medios, se trasladó con sus cuatro hijos a Ginebra, donde trabaja para la Fundación La Caixa.