MADRID (Reuters) - El Tribunal Supremo español reconoció el miércoles la jurisdicción de los tribunales españoles para investigar el asesinato del jesuita español Ignacio Ellacuría y de otras siete personas durante la guerra civil en El Salvador en 1989.
El alto tribunal abre así la puerta a que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco siga adelante con la instrucción, que estaba paralizada desde de que el magistrado preguntara en diciembre al Supremo si el juicio celebrado en El Salvador fue fraudulento.
El Supremo concluyó que existen indicios suficientes de que el proceso penal desarrollado en El Salvador "no garantizó el castigo y persecución efectiva" de los responsables de la muerte de las siete víctimas, entre las que había cinco sacerdotes españoles, en uno de los crímenes más notorios de la guerra civil que asoló al país centroamericano.
"Existen, en efecto, indicios serios y razonables de que el proceso penal seguido en El Salvador no pretendió realmente que los responsables de los hechos fueran castigados sino, más bien,
su sustracción a la justicia", sostuvo el auto, que mencionó también que hubo "ausencia de las garantías necesarias de independencia e imparcialidad".
El Supremo citó circunstancias como retrasos en la entrega de documentos al juez instructor, ocultación de datos, renuncia de fiscales, presiones externas durante el juicio oral o amenazas denunciadas por miembros del jurado.
Estos indicios dan cabida a la investigación bajo la Ley de Justicia Universal que fue modificada el año pasado y que limitaba la competencia de los tribunales españoles para investigar casos internacionales.
En la madrugada del 16 de noviembre de 1989, un comando militar irrumpió en el campus de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA) y asesinó a Ellacuría - su rector - además de a los sacerdotes españoles Armando López, Ignacio Martín Baró, Juan Ramón Moreno y Segundo Montes, y al salvadoreño Joaquín López y López.
Además de los sacerdotes fueron asesinadas dos mujeres - madre e hija- que hacían labores domésticas en la universidad.
La Audiencia Nacional española ordenó en 2011 el procesamiento y captura internacional para 19 de los implicados en los asesinatos, pero la Corte Suprema de El Salvador se negó a su detención, alegando que la solicitud de Interpol pedía sólo la localización de los militares y no su detención con fines de extradición a España.
El crimen de los sacerdotes es uno de los más emblemáticos del conflicto armado en El Salvador, que enfrentó a la guerrilla izquierdista del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) con el Ejército salvadoreño, apoyado por el Gobierno de Estados Unidos.
La guerra civil le costó al empobrecido país centroamericano unos 75.000 muertos, 8.000 desaparecidos y miles de desplazados.