Por Blanca Rodríguez
MADRID (Reuters) - España no parece haber aprendido del todo las lecciones de la crisis y ha ralentizado su ritmo de ajustes y aplazado reformas de cara a un año lleno de citas electorales, con el riesgo de alejarse de la ansiada estabilidad financiera por un nuevo desvío en las cuentas regionales.
A unos meses de terminar su legislatura, la reforma de la financiación autonómica conforma uno de los principales "debe" en el balance del Gobierno de Mariano Rajoy y puede suponer serios quebraderos de cabeza para el Ejecutivo que se configure de las elecciones de final de año, sea cual sea el resultado.
Tras superar el objetivo de déficit en unos 7.000 millones de euros el año pasado, la Autoridad Fiscal Independiente prevé que las Comunidades Autónomas (CCAA) vuelvan a incumplir en 2015 su exigente meta de 0,7 por ciento del PIB por el mismo margen.
Mientras tanto, los expertos coinciden en que los recortes de los años de crisis en sanidad y educación no son ya sostenibles y el modelo de financiación que el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas dice que "no ha caducado" no sirve para muchos.
"Es imposible satisfacer los objetivos de déficit actuales. El ajuste se tenía que hacer y se ha hecho. Las autonomías han hecho los deberes y el gasto se ha reducido pero ni se puede ni se va a reducir más. La pregunta que hay que hacerse es cómo se distribuyen los recursos", dijo a Reuters el consejero catalán de Economía, Andreu Mas-Colell.
Aunque no ha encarado la reforma o precisamente por ello, el Ejecutivo ha tenido que aprobar en la legislatura medidas excepcionales de financiación a través del Tesoro y el desfase presupuestario de las regiones ha sido el principal foco de desconfianza inversora en lo peor de la crisis.
Rajoy dijo recientemente que los cambios en la financiación autonómica se abordarían al inicio de la próxima legislatura, "cuando haya recursos", colocando en un limbo político una prometida reforma que ha ido retrasando año tras año.
"El tema de la organización territorial y la competencia fiscal es uno de los grandes debates que habrá que abordar pero es conflictivo y difícil de afrontar en época electoral", dijo a Reuters el presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich.
Además de complejo desde el punto de vista técnico, el modelo de financiación regional es un asunto de gran sensibilidad política, que divide a comunidades no por el color de su Gobierno, sino por variables como su riqueza o grado de cumplimiento con los objetivos presupuestarios.
La principal crítica al sistema es que en un país tan descentralizado como España, en el que las CCAA son responsables de un tercio del gasto público y de la parte nuclear del Estado del Bienestar -sanidad, educación y servicios sociales-, las regiones casi no tienen responsabilidad sobre los ingresos necesarios para su financiación.
"Los que gastan, que son las CCAA, no ingresan, el que ingresa, que es el Estado, reparte, y al final el contribuyente no sabe exactamente qué paga cada uno, y este modelo no facilita una gestión eficiente", explicó Pich, diciendo que un contribuyente no debería tener "un master en Harvard" para entender el sistema.
LA CREDIBILIDAD DE LAS CUENTAS PÚBLICAS, EN RIESGO
Los expertos señalan que la autogestión es imposible con el modelo actual, lo que facilita los desvíos presupuestarios por la falta de responsabilidad fiscal de las autonomías.
El año pasado, sólo cuatro de las 17 CCAA cumplieron el objetivo de déficit del uno por ciento, que fue superado de forma conjunta en casi siete décimas, hasta 17.500 millones de euros o el 1,66 por ciento del PIB.
La cifra supera incluso en un 10 por ciento el déficit de 2013, por lo que la tarea de reducir en 2015 ese desfase al 0,7 por ciento del PIB se antoja una tarea casi imposible.
La Autoridad Fiscal Independiente, organismo encargado de supervisar la sostenibilidad de las finanzas públicas españolas, ha advertido de que las autonomías y la Seguridad Social pondrán en riesgo el objetivo de déficit público español del 4,2 por ciento del PIB para este año.
"Las comunidades están ralentizando el proceso de disminución de sus desequilibrios fiscales, lo que puede condicionar su recuperación a corto plazo o puede afectar a la credibilidad de las administraciones públicas, si se mantiene el incumplimiento", dijo por su parte el departamento de análisis de BBVA (MADRID:BBVA) en un reciente informe.
Como alternativa a la reforma, el Ejecutivo ha aprobado parches para facilitar la financiación a bajo coste de las comunidades, otorgado fondos para pagar a proveedores, y dado liquidez para cubrir los desequilibrios presupuestarios de las regiones, lo que casi equivale a premiar los desvíos y ha contribuido a que la deuda pública roce el 100% del PIB.
Mientras tanto, la Comisión Europea hizo pública el jueves su propuesta de sancionar a España con 19 millones de euros al detectar que la Comunidad de Valencia ha aplicado en el pasado cuentas fiscales que no han respetado las normas contables.
AMENAZAS VACÍAS A LAS CCAA
Las amenazas a las CCAA incumplidoras han resultado ser papel mojado, y el Gobierno ha modificado claramente su discurso desde su firmeza inicial para adoptar un giro más social en medio del auge de opciones políticas antiausteridad como Podemos.
"Se ha relajado de tal manera esto que otra vez tiene que ponerse sobre el tapete que las finanzas regionales no hay quien las controle. Ha cambiado la forma de hacer del Gobierno central respecto a las CCAA, la disciplina estricta ha desaparecido", dijo Ángel Laborda, director de coyuntura y estadística de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas).
El economista dijo que la facilidad para financiarse en los mercados y la proximidad de las elecciones explicaban el cambio de actitud de Rajoy, pero advirtió de la difícil herencia que dejará al siguiente Gobierno, algo paradójico por haberse quejado en numerosas ocasiones de las cuentas que heredó de los socialistas en 2011.
"Se olvida de un tema fundamental, y es que la parte de déficit que es estructural, que puede alcanzar casi el 3 por ciento del PIB o 30.000 millones de euros, no se va a resolver porque la economía crezca (…) Es un final de legislatura un poquito amargo", dijo Laborda a Reuters.
(Editado por Carlos Ruano)