MADRID (Reuters) - Los jueces decanos han elaborado una lista de casi 60 medidas para atajar la corrupción en España, entre las que destaca la ampliación de la prescripción de estos delitos y el agravamiento de algunas de sus penas.
"Hemos elaborado un informe donde se analiza la situación actual de la Justicia en España y en particular del proceso penal y hemos consensuado 57 reflexiones, propuestas u sugerencias, para dotar de mayor eficacia al trabajo judicial en especial en la lucha contra la corrupción", dijo el informe con las conclusiones tras una reunión en Valencia de los jueces decanos.
Los ciudadanos españoles, que ven la corrupción como el segundo mayor problema del país, han visto a cientos de imputados, muchos ellos cargos políticos, en diversas investigaciones relacionadas con la corrupción en los últimos años, mientras ellos sufrían los rigores de una crisis económica que dura seis años y que mantiene a casi uno de cada cuatro personas en paro.
El gobernante Partido Popular presentó la semana pasada ante el Congreso unas largamente retrasadas medidas contra la corrupción coincidiendo con la dimisión de Ana Mato como ministra de Sanidad, la primera víctima del Ejecutivo relacionada con los escándalos de corrupción.
Miembros de otros partidos criticaron las medidas al considerar que en gran medida se trataba de propuestas ya anunciadas y que en todo caso resultaban insuficentes para atajar el problema.
Entre las medidas que proponen los jueces está que se modifique el código penal para ampliar el plazo de prescripción de los delitos de corrupción o la introducción del delito de enriquecimiento ilícito de cargos públicos durante su mandato o el delito de financiación ilegal de partidos políticos.
Los jueces también proponen agravar las penas para los delitos de tráfico de influencias, prevaricación y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, entre otros.
Los magistrados piden que se reduzca la cantidad mínima defraudada por la que se considera un delito contra la Hacienda Pública, que actualmente está en 120.000 euros, así como unas mayores pena y plazo de prescripción, al tiempo que instan a revisar el régimen de aforamientos.
Los jueces decanos, magistrados que coordinan el funcionamiento de los diferentes juzgados de una localidad grande, también piden un aumento del número de jueces en España a 21 por cada 100.000 habitantes desde la ratio actual de 11, así como un incremento en el presupuesto para Justicia hasta al menos el 3 por ciento del PIB.
La imagen del PP se ha visto muy dañada por la aparición de escándalos de corrupción que han salpicado a varios de sus líderes, aunque también hay procesos judiciales abiertos con miembros del principal partido de la oposición, el PSOE.
Los sondeos dicen que de celebrarse ahora unas elecciones previstas para dentro de un año, la formación en el Gobierno perdería la mayoría absoluta con la que llegó al poder en 2011, ante un fuerte auge de Podemos, un partido que abandera la indignación popular contra altos cargos financieros y políticos en el contexto de una profunda crisis económica.