MADRID (Reuters) - Los socialistas catalanes han ofrecido un pacto al presidente de la Generalitat para que su Gobierno, en una frágil posición parlamentaria tras la consulta ciudadana sobre la independencia del 9 de noviembre, evite elecciones anticipadas y pueda agotar la legislatura, dijo el viernes una fuente oficial del PSC.
El Gobierno presidido por Artur Mas ha tenido que prorrogar los presupuestos por falta de apoyo de su socio, el partido independentista Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), y un eventual respaldo del PSC al gobernante CiU -juntos concentran 70 de los 135 escaños en el Parlament - permitiría aprobar las cuentas y agotar la legislatura.
"Le ofreció una propuesta de un pacto más allá de los presupuestos, que incluye varios puntos como la reactivación de la economía y de los puestos de trabajo, la protección del Estado del bienestar y una reforma constitucional y un pacto con España que nos permita votar", dijo la fuente.
Tanto el PSC como su socio nacional, el PSOE, han defendido el derecho de los catalanes a manifestar su opinión sobre la independencia, pero solamente dentro de un marco legal que la Constitución española de 1978 actualmente no permite.
Un total de 1,8 millones de catalanes, un 30 por ciento de la población con derecho a votar, se decantaron a favor de un proceso de independencia en la consulta no vinculante celebrada el 9N.
La votación fue una propuesta alternativa tras la suspensión de un referéndum de autogobierno, que tampoco tenía validez jurídica, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional.
Tras la consulta, que generó un inusitado consenso de los políticos hacia el diálogo, Mas inició una ronda de contactos con los partidos que apoyan una consulta de autodeterminación, mientras que el Gobierno español del Partido Popular instó al Ejecutivo catalán a plantear una reforma constitucional, aunque dejando claro que se opondría a cualquier reforma que "liquide" la soberanía nacional.
El hasta ahora principal apoyo de CiU en Cataluña, ERC, ha pedido unas elecciones autonómicas anticipadas a modo de plebiscito sobre la independencia.
El PP insistió el viernes en que la consulta tuvo poca legitimidad debido a su baja participación.
"Hay 4 millones de catalanes, una mayoría silenciosa, que se ha mantenido al margen del 9N", dijo Carlos Floriano, vicesecretario de organización y electoral del PP, en una declaración en un acto del PP.
RESPETO A LA FISCALÍA
La Fiscalía General del Estado estudia presentar una querella contra el presidente catalán y otros miembros de su gobierno por su papel en el desarrollo de la consulta pese a la suspensión del Constitucional, pero su decisión sigue sin producirse mientras se multiplican las declaraciones políticas.
El Gobierno español, que presentó recursos contra las celebraciones de las consultas en Cataluña, insistió el viernes en que se debe respetar la independencia de la Fiscalía desde todos lo poderes públicos.
"Como Gobierno respetaremos la actuación de la Fiscalía, que es autónoma. Pido que el resto del poderes del Estado y el resto de poderes públicos tengamos el mismo respeto que tiene el Gobierno por las decisiones de la Fiscalía", dijo la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, tras el Consejo de Ministros.
La líder del PP en Cataluña, Alicia Sánchez Camacho, moderó el viernes el tono empleado en los últimos días, evitando hacer referencias a la eventual querella.
La Fiscalía ya ha dicho que los tiempos de la justicia y los de la política no son los mismos y que estudiará a fondo los hechos antes de querellarse. La querella probablemente sería por prevaricación y desobediencia y podría afectar a otros miembros del Govern.
Seis de los nueve fiscales que forman la Fiscalía Superior de Cataluña se oponen a presentar una denuncia contra Mas, dijo el viernes el diario El Mundo.
El periódico dijo que los fiscales opuestos consideran que no existen indicios de delito porque la convocatoria fue una decisión política que no tendría que conllevar efectos penales.
De prosperar, el proceso podría desembocar en una inhabilitación de Mas que eventualmente impediría su participación en unas próximas elecciones.