Por Anthony Boadle
BRASILIA (Reuters) - La Corte Suprema de Brasil investigará a los presidentes de ambas cámaras del Congreso y a otros 32 políticos en relación a la trama de sobornos por valor de miles de millones de dólares en la petrolera estatal Petrobras.
El escándalo ha hecho tambalearse a la clase política de Brasil y ha minado el respaldo de la presidenta, Dilma Rousseff, quien fue reelegida en una reñida votación el año pasado y lucha por evitar una recesión económica y una rebaja de la nota crediticia del país.
Un alto cargo judicial dijo el viernes que 12 senadores y 22 diputados de cinco partidos serán investigados, 33 de ellos miembros de la coalición gobernante de Rousseff.
Los más destacados son el presidente del Senado, Renan Calheiros, y el líder de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, ambos miembros del Partido de Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), el más grande del país y el principal aliado de Rousseff en la coalición de Gobierno.
El Partido Progresista (PP) tiene 21 miembros bajo investigación, el PMDB seis y el partido de los trabajadores cinco, incluida la senadora Gleisi Hoffmann, jefa de gabinete de Rousseff durante su primer mandato. El tesorero del partido João Vaccari será investigado.
Sólo un político de la oposición, el senador Antonio Anastasia, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), está incluido en la lista, que incluye al senador Fernando Collor de Mello, un expresidente que renunció en 1992 para evitar un juicio político por corrupción.
Bajo la ley brasileña, los altos cargos elegidos solamente pueden ser juzgados por la Corte Suprema, la que ahora debe decidir con la ayuda de los fiscales si existen pruebas suficientes para someterlos a juicio.
La investigación podría llevar años. El mayor caso de corrupción política de Brasil hasta el momento, que involucra pagos mensuales a legisladores a cambio de respaldo al Partido de los Trabajadores de Rousseff en el Congreso, tardó siete años antes de ir a juicio en el 2012.
PLAN FISCAL EN PROBLEMAS
La víctima inmediata de la crisis política podría ser el plan de recorte de gastos del ministro de Hacienda, Joaquim Levy, para reducir el déficit fiscal de Brasil y evitar una rebaja de calificación crediticia.
En un sorprendente revés el martes, el presidente del Senado descartó una medida parte del plan de austeridad decretada por la presidente por lo que dijo que eran razones de procedimiento, aunque pareció ser una venganza porque no se retiró su nombre de la investigación por corrupción.
"La situación política va a empeorar para la presidenta", dijo a Reuters un senador del Partido de los Trabajadores, bajo la condición de que no fuese identificado.
"Hay una sensación generalizada entre la clase política, especialmente en el PMDB, de que el Gobierno manipuló la lista de los legisladores involucrados en la investigación para reducir el daño al Partido de los Trabajadores", dijo el senador. Agregó que los legisladores estaban planeando bloquear otras medidas de austeridad.
Rousseff se enfrenta a más problemas en el Congreso por la creación de una comisión parlamentaria para investigar el escándalo de corrupción.
El primer testigo que será llamado a dar su testimonio será el exgerente de Petrobras Pedro Barusco, quien ha dicho en un acuerdo con la fiscalía que se hizo público que el Partido de los Trabajadores recibió hasta 200 millones de dólares en sobornos pagados en los contratos de Petrobras.
El escándalo amenaza a una ya debilitada economía de Brasil, ya que llevó a Petrobras a detener o cancelar proyectos de inversión clave. Las compañías del sector de energía y construcción están hallando dificultades para obtener créditos.
La investigación por el caso de corrupción ha llevado a 40 acusaciones por cargos de chantaje, soborno y lavado de dinero, incluidos dos exejecutivos de alto rango de Petrobras y 23 ejecutivos de seis de las principales compañías de construcción e ingeniería de Brasil.
Rousseff fue presidenta del directorio de Petrobras desde 2003 a 2010, cuando ocurrió la mayor parte de los presuntos hechos de corrupción. Ella ha negado haber tenido conocimiento de la trama durante esos años y ha prometido respetar la independencia del sistema judicial.
El real brasileño cayó un 7 por ciento en la semana a 3,05 unidades por dólar el viernes, su menor nivel desde el 2004, y el índice bursátil Bovespa perdió más de un 3 por ciento, debido a que los inversores temen que la tormenta política afecte las medidas de ajuste fiscal y lleve a Brasil a perder el grado de inversión.