Bruselas, 24 oct (.).- La patronal europea, Business Europe, criticó hoy el acuerdo alcanzado por los ministros de Empleo de la Unión Europea sobre una nueva legislación para los trabajadores desplazados y pidió tener en cuenta a las empresas durante el resto de negociaciones en la UE sobre este asunto.
Business Europe calificó el acuerdo, alcanzado anoche en un Consejo de Empleo comunitario celebrado en Luxemburgo, como "un mal compromiso guiado por el simbolismo político", y dijo estar "profundamente preocupada" acerca de los aspectos clave del documento aprobado por los ministros.
La patronal lamentó la duración acordada para los desplazamientos antes de que empiecen a aplicárseles todas las reglas laborales del país de destino, que los titulares de Empleo fijaron en doce meses ampliables a dieciocho, y señalaron que esta decisión "no corresponde a las necesidades de las empresas que operan en el mercado único".
"La movilidad a largo plazo es una práctica relativamente común en sectores (...) en los que las preocupaciones por fraude son virtualmente inexistentes. Limitar la movilidad dañará estas actividades de elevado valor añadido y socavará el funcionamiento del mercado único para los servicios", aseguró la patronal.
La duración máxima de los desplazamientos fue uno de los asuntos que más dividieron en la tarde de ayer a los ministros de los Veintiocho, por la existencia de un bloque de países que pedía una norma más restrictiva y otro, en el que estaba España, que optaba por primar la libertad de circulación.
La patronal pidió también que se tenga en cuenta a las compañías durante las negociaciones del trílogo (Consejo, Parlamento y Comisión), e instó a estas tres instituciones a mantener el periodo inicial de desplazamiento de 24 meses y que permitan que este plazo se pueda prolongar "para que sea compatible con la normativa de coordinación de la seguridad social".
"Para compañías en toda Europa, asegurar que las reglas son claras, aplicables y no restringen la actividad legítima es esencial", señalaron.
Respecto a las preocupaciones por el fraude que esta legislación pretende combatir, Business Europe pidió que "no se desacredite toda la actividad" o se aumente la carga legislativa para las empresas que cumplen la ley.
"En vez de defender la libertad de movimiento y aplicar las leyes existentes para combatir los abusos, el Consejo ha dado crédito al mito de que las reglas actuales necesitan cambios para luchar contra el dumping social", criticó el director general de la patronal, Markus J. Beyrer.
La Comisión Europea propuso en marzo de 2016 revisar esta legislación, que data de 1996, y los ministros lograron un acuerdo este lunes tras horas de negociación y varios cambios del texto inicial.
La postura común alcanzada permitirá a los Estados iniciar en noviembre la negociación final con el Parlamento sobre la revisión de estas normas para los trabajadores desplazados.
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