MADRID (Reuters) - La Guardia Civil realizaba el martes registros en 13 provincias españolas y preveía la detención de más de 30 personas en un operativo para desarticular una organización criminal dedicada a la obtención fraudulenta de contratos públicos.
La denominada operación "Enredadera" está dirigida por la magistrada del juzgado de instrucción número 6 de Sevilla Mercedes Alaya, según fuentes próximas a la investigación, y la ejecutan agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Los registros se estaban llevando a cabo en Córdoba, Jaén, Huelva, Cádiz, Granada, Badajoz, Madrid, Valencia, Zaragoza, Barcelona, Lanzarote y Las Palmas de Gran Canaria, así como en la Diputación de Sevilla.
"Esta trama organizada había logrado infiltrarse en numerosos organismos de distintas Administraciones Públicas con la ayuda de funcionarios y responsables públicos", dijo la Guardia Civil en un comunicado.
"Está previsto detener e imputar a varias personas como presuntos autores de delitos contra la Administración Pública, blanqueo de capitales, alteración de precio en concurso y subasta pública, falsedad en documento mercantil, delitos contra la Hacienda Pública y organización criminal", agregó.
Entre los detenidos se encontrarían ya el jefe del servicio de Carreteras de la Diputación de Sevilla, Carlos Manuel Podio, y el portavoz de Coalición Canaria en el Cabildo de Lanzarote, según medios.
Esta investigación se deriva de otra iniciada sobre las relaciones entre las empresas que se presentaron a un concurso público para adquirir un derecho de opción de compra de terrenos de Mercasevilla, tras el cual, según la Guardia Civil, se produjo un importante incremento patrimonial no justificado del exdirector del Área de Vía Pública de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla.
Tras una revisión de su patrimonio, se dedujo que este cargo municipal había recibido "múltiples dádivas o regalos de distinta naturaleza" como dinero o vehículos de la sociedad Fitonovo, que era contratista habitual de diversas administraciones públicas, según el instituto armado.
Esto llevó a que en diciembre de 2013 se abrieran investigaciones que provocaron registros y la detención de varios responsables de Fitonovo.
"Se averiguó que la dirección de la empresa Fitonovo había creado una infraestructura destinada a obtener contratos públicos irregulares, habilitando la estructura de la empresa para conformar una red de contactos con funcionarios corruptos que les facilitaban dicha contratación", dijo la Guardia Civil.
Además, se creó una contabilidad paralela que usaba facturas falsas para pagar sobornos a funcionarios y responsables públicos.
LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA SE DEFIENDE
Ante el operativo del martes, la Diputación de Sevilla emitió un comunicado en el que informaba de que los registros se estaban realizando en el despacho del responsable del servicio de Carreteras, dirigido por Podio.
La Diputación, que dijo que pondría todos sus medios a disposición de la juez Alaya para el esclarecimiento de los hechos, sostuvo que tras tener constancia hace meses de una presunta vinculación de Podio con la operación "Madeja" contra la corrupción, había puesto en marcha una comisión interna de investigación.
"El servicio de contratación de esta institución concluyó que todas las tramitaciones de los expedientes de adjudicación de contratos en el servicio de Carreteras son conformes a la normativa estatal", dijo la institución en el comunicado.
La juez Alaya es responsable de la investigación por el fraude en la concesión de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) en Andalucía, uno de los mayores procesos por corrupción desvelados en España en los últimos años.
El fraude investigado, que ha salpicado a altos cargos de la Junta de Andalucía, se refiere a las subvenciones a las prejubilaciones en cerca de 70 empresas y se estima que la cantidad desviada de unos fondos creados para agilizar los ERE asciende a 136 millones de euros.
En otra gran operación contra la corrupción en España, medio centenar de personas, entre ellos varios alcaldes madrileños, fueron detenidos a finales del mes pasado dentro de la operación "Púnica", que también investiga una trama de corrupción municipal y regional.
La trama, que estaba infiltrada en varios ayuntamientos principalmente de la Comunidad de Madrid, Murcia, León y Valencia, firmó adjudicaciones públicas por valor de 250 millones de euros a cambio de comisiones ilegales en los dos últimos años, según datos de la Fiscalía Anticorrupción.
Ante los reiterados casos de corrupción conocidos en los últimos meses, en un momento en el que los españoles siguen sufriendo los rigores de una crisis que ha dejado a uno de cada cuatro trabajadores sin empleo, los dos grandes partidos, PP y PSOE han sufrido una caída drástica en su popularidad que se ve reflejada en los últimos sondeos electorales.