Por Andrew MacAskill y Ben Martin
LONDRES (Reuters) - Reino Unido está planeando su mayor cambio en las reglas de adquisición de compañías en casi dos décadas, concediendo al Gobierno nuevos poderes para bloquear acuerdos en todos los sectores de la economía para evitar que empresas locales de industrias sensibles caigan en manos extranjeras.
El ministro de Empresas, Greg Clark, quiere endurecer la normativa existente, que está limitada a grandes transacciones, para cubrir todas las empresas británicas, incluidas las pequeñas.
Los cambios marcan una nueva era de supervisión gubernamental de la actividad empresarial en la quinta mayor economía del mundo, que tradicionalmente ha sido uno de los mercados más abiertos a las fusiones y adquisiciones globales.
La propuesta llega en medio de un auge en la actividad global de fusiones y adquisiciones, en la que Reino Unido se ha mantenido como el segundo país más popular para los acuerdos detrás de Estados Unidos, con ofertas anunciadas de 277.000 millones de dólares durante los primeros seis meses del año, según datos de Thomson Reuters.
Reino Unido está siguiendo adelante con los cambios en paralelo con esfuerzos similares en otras economías occidentales como Estados Unidos, Alemania, Francia y Australia, en un contexto de crecientes inversiones procedentes de China.
La primera ministra, Theresa May, que está tratando de alcanzar un acuerdo sobre el Brexit con la UE mientras lidia con una rebelión en su propio partido, ha adoptado un tono más cauteloso sobre las opas desde que llegó al cargo en 2016.
"Estas propuestas garantizarán que tengamos las medidas de seguridad adecuadas para proteger nuestra seguridad nacional mientras nos aseguramos de que nuestra economía siga siendo descaradamente proempresarial y abierta a altos niveles de inversión extranjera en el futuro", dijo Clark.
Con las nuevas reglas, el Gobierno tendrá capacidad para intervenir cuando una empresa quiera adquirir un activo como una pieza específica de tecnología o propiedad intelectual, en lugar de pretender comprar o hacerse con el control de una empresa.
En la actualidad, el Gobierno solo puede intervenir si un acuerdo crea un grupo con el 25 por ciento del mercado o con una facturación de más de 70 millones de libras. Esa cifra ya se ha reducido a 1 millón de libras para las empresas que fabrican tecnología con aplicaciones militares o de doble uso.
(Editado por Guy Faulconbridge; Traducido por Blanca Rodríguez)