Por Emma Pinedo
MADRID (Reuters) - El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz cerró el lunes la instrucción de los denominados "papeles de Bárcenas" sobre la presunta doble contabilidad del Partido Popular y pidió abrir juicio oral contra seis personas, entre ellas los extesoreros de la formación Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta.
En un auto de 190 páginas, el magistrado da por acreditada la existencia entre 1990 y 2008 de una presunta contabilidad B en el partido que ahora gobierna España.
Además, Ruz considera presunto responsable civil subsidiario al propio Partido Popular y al estudio de arquitectura Unifica que reformó la sede central de la formación política y cobró parte de sus emolumentos presuntamente en "B".
El magistrado atribuyó al PP y al estudio de arquitectura sendos delitos contra la Hacienda Pública, a los primeros por las donaciones recibidas en 2008 y a los segundos por el impuesto de sociedades de 2007 y 2008, tras cifrar en 1,5 millones de euros el total del pago realizado en "B" por el PP a Unifica por la reforma de su sede.
El escándalo de los llamados "papeles de Bárcenas" ha supuesto un duro revés para la imagen del PP, colmando la indignación de los españoles ante los numerosos casos de corrupción.
No obstante, no es probable que el juicio se celebre a lo largo de 2015 dado que aún queda por delante trámites legales, según una fuente judicial, evitando un posible sonrojo para el PP un año plagado de citas electorales de gran relevancia.
El Partido Popular reiteró el lunes en un comunicado que desconocía la existencia de una contabilidad B y dijo "no compartir" la teoría de tener que tributar por el impuesto de sociedades por donaciones que afirma siempre han estado exentas de este tributo y que además desconocía.
"Con el debido respeto a las decisiones judiciales, el PP se reserva las acciones legales que le correspondan, en el ejercicio de su derecho de defensa, en el momento procesal oportuno", dijo el comunicado.
APROPIACIÓN INDEBIDA
Bárcenas, gerente del PP durante casi tres décadas y extesorero, desató un vendaval político al reconocer ante el juez ser autor de unas cuentas manuscritas secretas que recogían apuntes de presuntos donativos de empresas no declarados y presuntos pagos a dirigentes de la formación hoy en el poder, incluido el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Estas acusaciones fueron negadas por Rajoy.
Ruz constató "la existencia y circulación en el seno del Partido Popular a cargo del gerente y tesorero nacional de diversas corrientes financieras de cobros y pagos continuados en el tiempo, al margen de la contabilidad remitida por el Tribunal de Cuentas y sin la correspondiente declaración ante la Hacienda Pública, integrando sistemas paralelos de funcionamiento y gestión económica-financiera de la formación política a modo de contabilidades opacas o "cajas B", según el auto.
El juez propuso llevar a juicio a seis personas, de ellas Bárcenas, Lapuerta y al sustituto del primero como gerente, Cristóbal Páez. También planteó sentar en el banquillo a tres miembros del estudio de arquitectura que reformó la sede de la formación política - sus responsables Gonzalo Urquijo y Belén García y la empleada Laura Montero.
Además, Ruz archivó la causa contra 22 imputados, entre ellos el ex secretario general del Partido Popular Ángel Acebes.
El magistrado atribuye a Bárcenas y Lapuerta un presunto delito de apropiación indebida por la compra por parte del segundo de acciones del medio de comunicación Libertad Digital con fondos de la "caja B" que luego no se restituyeron, "pasando a integrar su propio patrimonio, con el conocimiento y anuencia de Bárcenas".
Ruz, que reconoce que el delito de financiación ilegal de los partidos políticos no está recogida en el Código Penal, aunque se está tramitando su inclusión en una reforma en trámite parlamentario, tipificó las presuntas donaciones y su reparto posterior como un delito continuado de falsedad contable, aunque éste ya habría prescrito, y también atribuyó delitos electorales que también habrían prescrito.