MADRID (Reuters) - El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz reiteró el martes una petición a la Agencia Tributaria de un informe sobre la tributación que correspondería al Partido Popular en relación a unas donaciones que aparecen anotadas en la supuesta contabilidad B de la formación en el poder.
El magistrado, que ya había solicitado esta información por primera vez el 25 de febrero, respondió así a una negativa emitida varios días después por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), donde aseguraba que no estaba en disposición de ofrecer esos datos.
Según el juez, el informe es necesario para poder determinar "la tributación que eventualmente correspondería al PP por el Impuesto sobre Sociedades de 2008, en relación a las aportaciones económicas que en concepto de donaciones aparecen anotadas en los registros contables opacos objeto de análisis", dijo, en referencia a los conocidos como "papeles de Bárcenas".
El extesorero y exsenador del PP Luis Bárcenas, en libertad bajo fianza tras más de año y medio de prisión preventiva, saltó a los titulares hace dos años al destaparse un escándalo sobre una presunta contabilidad secreta del PP que mostraba abonos en efectivo de empresarios y pagos a altos cargos del partido, entre ellos el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, algo que el jefe del Ejecutivo ha negado.
La ONIF, dependiente de la Agencia Tributaria, remitió a Ruz a otros informes elaborados en septiembre de 2013 y octubre de 2014.
Ruz sostuvo en un auto que el criterio ofrecido por la ONIF para negarse a realizar el informe es "infundado y contradictorio", ya que según el magistrado no se ha entendido el contenido y alcance de la labor de auxilio que le corresponde legalmente a la agencia tributaria.
"La diligencia solicitada es útil, necesaria, idónea y posible para el total esclarecimiento de los hechos investigados", dijo.
El magistrado aludió también en su auto un informe del Ministerio Fiscal e insistió en que la Agencia Tributaria está obligada a prestar colaboración a los jueces y tribunales como parte de la figura del auxilio judicial.
Por otro lado, Ruz también solicitó a la AEAT un informe sobre las consecuencias que habrían producido al PP en el caso de haber tenido que pagar el IVA de unos presuntos abonos efectuados sin declarar a la empresa Unifica por los trabajos de reforma de la sede central del PP entre 2005 y 2010.
Bárcenas salió de la cárcel en enero tras pasar 19 meses en régimen de prisión provisional incondicional, mientras se investigaba judicialmente su imputación en la trama "Gürtel", que agasajaba presuntamente a políticos a cambio de adjudicaciones industriales.
Bárcenas, quien llevó durante más de 20 años las cuentas de la formación en el poder, está acusado de cargos de fraude fiscal, cohecho, blanqueo de capitales, falsedad documental, apropiación indebida e intento de estafa procesal.