Por Prak Chan Thul
PHNOM PENH (Reuters) - Un tribunal de crímenes de guerra respaldado por Naciones Unidas en Camboya ha presentado el martes cargos contra dos exdirigentes de los Jemeres Rojos de la década de los setenta por crímenes contra la humanidad, debido a su papel en la muerte de cerca de 1,8 millones de personas.
Los cargos se han presentado contra Im Chaem, una religiosa budista de unos 60 años, sospechosa de dirigir un campamento de trabajos forzados, y contra Meas Muth, un antiguo jefe de la Armada, que tiene unos 80 años, que supuestamente envió a detenidos a centros de tortura donde murieron al menos 14.000 personas.
Ninguno de los sospechosos ha sido detenido por el momento.
Este anuncio marca un raro signo de progreso por parte de un tribunal plagado de luchas internas, interferencias políticas, dimisiones y recortes de fondos desde que se estableció, hace aproximadamente una década, para aplicar justicia a los "máximos responsables" de la muerte de una quinta parte de la población camboyana entre 1975 y 1979.
Hasta el momento, sólo se han pronunciado sentencias de culpabilidad por crímenes contra la humanidad a tres de los acusados, dos de los cuales, el "hermano número dos" Nuon Chea y el expresidente Khieu Samphan, siguen en juicios, en casos separados.
Otro de los acusados murió antes de que se pronunciara el veredicto, y otro fue declarado incapacitado para el juicio por sufrir Alzhéimer.
Los últimos cargos abarcan diferentes violaciones de las leyes y convenciones, tanto internacionales como camboyanas, entre las que se encuentran los delitos de asesinato, exterminio, esclavitud y persecución política y étnica, así como "otros actos inhumanos".
Las víctimas de los "Campos de la Muerte" perdieron la vida de distintos modos, desde torturas, enfermedades o ejecuciones hasta muertes por hambre o cansancio extremo durante el final de la búsqueda del dictador Pol Pot de una utopía campesina.
Prácticamente todos los camboyanos vivos a día de hoy perdieron a algún familiar durante esta época.
Muchos restos de los Jemeres Rojos están integrados en la sociedad, algunos de ellos incluso ostentan posiciones en el Gobierno, que ha sido acusado de intentar reprimir los progresos del tribunal para asegurarse de que personas importantes salgan intactas.
El primer ministro, Hun Sen, un exsoldado jemer que dijo que había desertado, repitió la semana pasada su advertencia de la posibilidad de caer en un conflicto si el tribunal amplía su red.
"Si ocurre una guerra, ¿cuánta gente podría morir?", dijo en un discurso. "Ya hemos tenido esa experiencia", añadió.
El optimismo de que el tribunal, financiado con millones del extranjero, pudiera traer la justicia integral ha sido entorpecido por la complejidad, los procedimientos cuidadosamente lentos y la edad y salud de los sospechosos, muchos de los cuales ya han muerto.
El portavoz del tribunal, Lars Olsen, dijo que las decisiones sobre hasta dónde llegarán los casos, o sobre si los cargos podrían ser rechazados, podrían tomarse el próximo año, y los dos acusados que siguen en juicio deberán ser tomados como presuntos inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad.
(Traducido por Tamara Fariñas Rivas en la redacción de Madrid.)