CAIRO (Reuters) - Un tribunal egipcio pidió el sábado la pena de muerte para el ex presidente Mohamed Mursi y más de 100 miembros de los Hermanos Musulmanes en relación con una fuga de prisión masiva en 2011.
Mursi y sus compañeros acusados, entre ellos el máximo líder de los Hermanos Musulmanes, Mohamed Badie, fueron condenados por el asesinato y secuestro de policías, por el ataque a instalaciones policiales la policía y por fugarse de la cárcel durante el levantamiento contra Hosni Mubarak en 2011.
El tribunal, que dictará sentencia el 2 de junio, también solicitó la pena de muerte para el líder de los Hermanos, Khairat el-Shater, y otros 15 miembros por conspirar con grupos militantes extranjeros contra Egipto.
Los casos, al igual que en todas las sentencias de la pena capital, se trasladarán a la máxima autoridad religiosa de Egipto, el Gran Muftí, para su dictamen antes de que se produzcan las ejecuciones.
Mursi podrá apelar el veredicto, aunque ha dicho que el tribunal no es legítimo y que todos los procedimientos legales en su contra se enmarcan en lo que él denomina un golpe organizado por el ex jefe del Ejército, Abdel Fattah al-Sisi en 2013.
Mursi fue elegido después de que Mubarak fuese expulsado del Gobierno. Por su parte, él fue derrocado tras las protestas masivas contra su gobierno en 2013.
Desafiante, dentro de una jaula y vestido con uniforme azul de presidiario, Mursi levantó los puños antes de leerse las sentencias.
El responsable de los Hermanos Musulmanes, Amr Darrag, condenó la decisión del tribunal y pidió a la comunidad internacional que tomase medidas.
"Este es un veredicto político y representa un delito de asesinato a punto de cometerse que debería ser detenido por la comunidad internacional", dijo Darrag, co-fundador del disuelto Partido de la Libertad y la Justicia, brazo político de los Hermanos Musulmanes, a Reuters en Estambul.
Grupos de derechos humanos han acusado a las autoridades egipcias de abusos generalizados en una ofensiva contra los partidarios de los Hermanos y también contra activistas seculares, alegaciones que las autoridades niegan.