Yannis Chryssoverghis e Ingrid Haack
Atenas, 9 feb (EFE).- Mientras Grecia atraviesa el sexto año de crisis y el Estado continúa bajo asfixia financiera, el Gobierno se ha comprometido a una tarea que se asemeja imposible: reformar el sistema de la seguridad social y hacerlo sostenible, todo ello sin aplicar un tijeretazo a las pensiones principales.
Con el desempleo en el 25 % y una economía que ha caído el 25 % en los últimos años y un desequilibrio dramático entre población activa y jubilados -por cada pensionista tan solo hay 1,7 trabajadores- el sistema de pensiones se encuentra prácticamente colapsado.
Grecia gasta para las pensiones más del 16 % de su producto interior bruto (PIB) -la media europea es del 15,5 %-, un porcentaje que se ha disparado como consecuencia de la crisis y del aumento del desempleo. En 2009, este porcentaje todavía era del 11,7 %.
La propuesta de reforma que el Gobierno todavía está negociando con los acreedores, contempla el incremento de la edad de jubilación de 65 a 67 años, la unificación de las 13 cajas de pensiones en una, y la introducción de normas de cotización uniformes del 26,95 % de los ingresos imponibles para todos los colectivos.
El Gobierno de Alexis Tsipras ha dado prioridad a mejorar la parte de los ingresos y evitar tocar el gasto (tan solo las pensiones futuras y las suplementarias sufrirán recortes).
Su principal argumento es que una nueva reducción de las pensiones agravaría la crisis humanitaria en el país.
Su punto de vista lo apoya un estudio del instituto de estudios económicos IME, según el cual en 2015 las pensiones constituían para el 51,8 % de los hogares la fuente principal de ingresos.
Sumando el conjunto de todas las medidas, que entre otros incluyen también el aumento de las contribuciones de los jubilados al seguro de enfermedad, el objetivo al que se ha comprometido Tsipras con los acreedores al firmar el tercer rescate es ahorrar un 1 % anual del producto interior bruto, lo que quiere conseguir fundamentalmente a través del incremento de las cotizaciones.
Hasta ahora los acreedores se han mostrado recelosos de que estas recetas sean suficientes, sobre todo si se tiene en cuenta que tan solo en las dos principales cajas de la seguridad social (la de los asalariados IKA y la de autónomos OAEE) el déficit suma ya 1.540 millones de euros.
Para Savvas Robolis, catedrático emérito de finanzas laborales, uno de los principales problemas del proyecto gubernamental es que mira tan solo resolver problemas a corto plazo.
"El único objetivo de la propuesta es cubrir el déficit de las cajas este año. ¿Que harán con los agujeros de los próximos años? Esta es la misma lógica que se aplicó en los últimos años y que provocó once reducciones de pensiones desde 2010", señala Robolis en declaraciones a Efe.
"Las reservas actuales de las cajas tan solo alcanzan para pagar las pensiones durante seis meses", añade.
El ministro de Trabajo, Yorgos Katrúgalos, ha admitido que su propuesta intenta resolver ante todo problemas urgentes.
"Con un 25 % de paro ningún sistema de pensiones puede ser sostenible", ha recalcado repetidamente Katrúgalos, quien al igual que otros miembros del Gobierno insiste en que Grecia solo saldrá de la crisis si logra generar crecimiento y empleo.
Los acreedores no parecen satisfechos con la idea de aumentar en un 1,5 % las cotizaciones (0,5 % para el trabajador y un 1 % para los patronos), pues consideran que es una medida que estrangula toda posibilidad de generar crecimiento.
Este aumento afecta a los asalariados y ha provocado poca protesta interna, ni siquiera de los patronos, quienes -al contrario- la han apoyado por considerar que el incremento de las cotizaciones es el "mal menor".
El problema surge sobre todo de la propuesta de equiparar el nivel de cotizaciones de asalariados, autónomos y agricultores.
Entre estos dos últimos colectivos se ha desatado una verdadera tormenta de protestas, sobre todo entre los que tienen ingresos medios y altos, que verán aumentadas sus cotizaciones en hasta un 300 %.
El Gobierno argumenta que con su propuesta se aliviará "la carga de cotizaciones injustas y excesivas" para el 80 % de los autónomos, que declaran ingresos anuales por debajo de 10.000 euros.
Varios analistas estiman que el incremento de las cotizaciones a los autónomos con ingresos medios tendrá un impacto nefasto e inmediato sobre el consumo, potenciará la recesión, y además incentivará la evasión fiscal.
Robolis considera que mientras Grecia no logre un crecimiento de entre el 1 % y 1,5 % hasta 2028, no hay reforma sostenible posible.
La población no recurre a estas cifras, pero comparte el análisis. Después de seis años de continuos recortes que han llevado a que la pensión se convierta en el principal sustento de la mayoría de las familias y de constantes aumentos de la presión fiscal, los ciudadanos sienten que no puede afrontar ni una subida más.
La respuesta se vive ahora en la calle, donde las protestas se asemejan a las vividas en 2012, cuando Grecia llevaba dos años en crisis y firmaba el segundo rescate.