Seúl, 31 ene (.).- Las autoridades de Corea del Sur han detectado delitos cometidos con criptomonedas por valor de 637.500 millones de wones (480 millones de euros) hasta la fecha, entre ellos el blanqueo de dinero o las operaciones ilegales con divisas extranjeras.
Así lo indica un informe publicado hoy por el Servicio de Aduanas surcoreano, que señala que el incremento de la actividad especulativa con las criptomonedas en el país asiático "aumenta la posibilidad de retirada ilegal de monedas extranjeras" y de otras transacciones ilícitas.
Inversores surcoreanos compraron unos 1.700 millones de wones (1,28 millones de euros) en criptomonedas que luego fueron enviadas a carteras digitales de operadores ubicados en otros países y convertidas en divisas extranjeras, lo que constituye flujos de capital ilícitos, según las autoridades surcoreanas.
Otro de los mayores volúmenes irregulares descubiertos fueron los 4.723 millones de wones (3,5 millones de euros) enviados a depósitos en el extranjero sin declarar, señala el informe.
La autoridad aduanera surcoreana añade que "continuará monitorizando el uso de las criptomonedas en casos como el comercio ilegal o el lavado de dinero".
El documento se publica al día después de que Corea del Sur estrenara un sistema para evitar la compraventa anónima de divisas virtuales, con el objetivo de prevenir delitos financieros con criptomonedas en un momento marcado por los esfuerzos de los Estados para regular estos mercados.
Aproximadamente 3 de los 50 millones de surcoreanos o el 30 por ciento de los trabajadores del país han invertido en el mercado de divisas electrónicas, según varias encuestas, y Corea del Sur se sitúa como uno de los principales mercados mundiales de este tipo de divisas.
La nueva norma, que entró en vigor este martes, obliga a los operadores de intercambio de criptomonedas a compartir con los propios bancos los movimientos que hacen los inversores, algo que podría permitir en el futuro a Seúl gravar estas transacciones.
El Gobierno surcoreano ha apuntado la posibilidad de cobrar impuestos a los inversores e incluso de prohibir la compraventa de criptomonedas, un mercado que en el país asiático permanece apenas regulado.