Madrid, 25 ene (.).- La Audiencia Nacional ha ampliado un mes, hasta el 24 de febrero, la pieza secreta por la presunta estafa con criptomonedas de Algorithms Group, empresa al frente de la cual se encontraba Javier Biosca, con el fin de facilitar el cumplimiento del auxilio judicial internacional en curso.
Asimismo, la prórroga se justifica para asegurar la protección del valor constitucional de la justicia a la vista de la marcha de la investigación sin que, por ello, el derecho de defensa sufra restricción alguna.
El presunto líder de la trama, Javier Biosca, declaró ante el juez como imputado por un presunto fraude piramidal de inversión con criptomonedas que podría superar los 280 millones de euros; estaba previsto que declara por segunda vez el pasado 17 de septiembre, pero su testimonio fue aplazado.
Biosca, en prisión provisional, comunicada y sin fianza desde el pasado 8 de junio, negó que su intención fuera estafar a nadie y achacó la suspensión de los reembolsos al bloqueo de los bancos a los cambios de criptomonedas a moneda de curso legal.
Asimismo, desvinculó de los hechos investigados a su mujer, Paloma Gallardo, y al hijo de ambos, Sergio, a los cuales se les ha retirado el pasaporte.
Entre las diligencias ya practicadas destaca el registro de la casa de la madre de Javier Biosca, donde se encontró un ordenador portátil cuyo contenido fue volcado y copiado para ser analizado.
La abogada Emilia Zaballos, que representa a más de 500 afectados por la presunta estafa y ha promovido la Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas, ha solicitado nuevas declaraciones y ha aportado documentos para facilitar nuevas líneas de investigación.
PLATAFORMA DE AFECTADOS
El bufete de abogados Aránguez, que representa a más de 2.300 afectados por la supuesta estafa con criptomonedas de Arbistar, ha impulsado otra plataforma de afectados, la Asociación de Usuarios de Criptomonedas, cuyo objetivo es la difusión de conocimiento y la protección de los usuarios de esta cripto-comunidad.
Asimismo, se prestará asesoramiento legal para evitar abusos y proteger los derechos como consumidores de los usuarios de criptomonedas.