Madrid, 17 jun (.).- El ex director general de Sa Nostra, Pere Batle, principal acusado en el juicio por prestamos irregulares de la extinta caja al Grupo Martín Gual, ha asegurado en la última sesión que "lo volvería a hacer", y que tras la instrucción y la vista sigue sin saber "de qué exactamente se le acusa".
Este jueves ha quedado visto para sentencia el juicio por operaciones irregulares con el grupo constructor balear, que al parecer habían causado a la extinta caja un perjuicio de entre 48 y 50 millones de euros, según detectó el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).
El abogado defensor de Batle y de su adjunto, Pablo Dols, ha asegurado en la presentación de sus conclusiones finales que los delitos que se les atribuyen han prescrito, y ha reiterado que debe anularse el juicio.
El letrado ha defendido la impecable trayectoria personal y profesional y el prestigio de "dos personas que han dedicado su vida a la caja, la entidad de referencia en Baleares en la que entraron en pantalón corto y en la que llegaron a la cúspide", y sobre los que es absurdo suponer que "un año antes de jubilarse decidieran delinquir".
Concluido el juicio, ha dicho el abogado, Batle y Dols, siguen sin saber "qué cantidad exactamente se les acusa de haber desviado", después de unas periciales "agrestes y selváticas".
La defensa ha tenido que hacer un esfuerzo "que no le competía", porque las acusaciones no han podido demostrar que hubiera "una barra libre de préstamos" que no han podido especificar.
Los préstamos, tanto al Grupo Martín Gual como a otras sociedades, se concedieron "con el respaldo unánime de los órganos decisorios de Sa Nostra, y con la supervisión del Banco de España".
"Se habla de una vaca lechera de 30 millones de euros, pero las acusaciones no mencionaron ni una sola cantidad, ya que en esos 30 millones se incluyen 7 millones que no son préstamos, sino el precio pagado por la compra de participaciones", ha explicado.
Se ha referido también a los informes de los peritos del Banco de España que "no han hecho juicio de certeza y hablan de hechos que según ellos mismos han ocurrido potencialmente".
Pero lo más relevante, ha defendido el abogado, es que ha habido prescripción previa de delito de administración desleal, algo que se planteó en las cuestiones previas y a lo que la Fiscalía no ha contestado.
El "oprobio que han padecido Pere Batle y Pablo Dols" es indudable, pese a que la última operación irregular, "como señalaron los peritos del Banco de España", es de abril de 2010, por lo que el delito, de haberlo, prescribió en diciembre de 2016.
La defensa del ex subdirector general de la caja, Rafael Oliver, al que se atribuyen, al igual que a Dols y Batle, apropiación indebida y administración desleal, le ha desvinculado de cualquier decisión en relación con los préstamos a Martin Gual y ha descartado que se haya beneficiado en modo alguno de todo ello.