Bruselas, 4 may (.).- La Comisión Europea aprobó este miércoles el programa de Alemania que, con un presupuesto de 11.000 millones de euros, está diseñado para apoyar a las empresas afectadas por la guerra rusa en Ucrania de cualquier sector, excepto el financiero.
En un comunicado, el Ejecutivo comunitario explicó que la medida se basa en el Marco Temporal de Ayudas de Estado aprobado a raíz de la agresión militar de Rusia sobre Ucrania para permitir ayudas públicas a compañías que en circunstancias normales no serían legales.
En virtud del programa alemán, que será administrado por autoridades federales, regionales y locales del país, el apoyo al tejido empresarial se concederá en forma de avales sobre préstamos o préstamos subsidiados.
El objetivo de la iniciativa es "garantizar una liquidez suficiente" para las empresas alemanas en dificultades en un contexto de "elevada incertidumbre económica" derivado de la "situación geopolítica actual".
Las firmas beneficiarias podrán solicitar garantías públicas que avalen hasta el 90 % de los créditos concedidos por entidades financieras o directamente préstamos con intereses menores a los que ofrece el mercado, según el tipo de ayuda a la que se adhieran.
El esquema estipula unos límites en los préstamos subsidiados que se pueden solicitar, que serán del 15 % de los ingresos medios totales de cada compañía durante un periodo de tiempo predefinido o del 50 % de los costes energéticos incurridos durante un plazo de doce meses.
Estos topes podrán ser superiores "en casos excepcionales y con la justificación adecuada" con objetivo de cubrir necesidades de liquidez por un periodo de doce meses si se trata de una pyme o de seis meses si es una empresa grande.
La Comisión Europea consideró que este programa alemán de ayudas públicas cumple con los requisitos establecidos porque el vencimiento de los avales y de los préstamos no excede los ocho años, respetan los niveles mínimos en cuanto a las primas de los primeros y los intereses de los segundos y se podrán conceder hasta el 31 de diciembre de este año.
Además, Bruselas valoró que incluye condiciones para "limitar distorsiones indebidas de la competencia" y salvaguardias para garantizar una relación entre la cantidad de la ayuda concedida y el tamaño de la actividad económica de la empresa y que las ventajas son transferidas "en gran medida" a las firmas a través de los intermediarios financieros.
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