Bruselas, 25 ene (.).- La Comisión Europea (CE) pretende presentar en pocas semanas su propuesta para eliminar el trabajo de la cadena de valor de bienes vendidos en la Unión Europea mediante la introducción de nuevas obligaciones de diligencia debida para las empresas que venden sus productos en los Veintisiete.
La directora general de Comercio de la Comisión Europea, Sabine Weyand, adelantó este martes al Parlamento Europeo que, pese a los retrasos que se han acumulado en su elaboración, Bruselas quiere presentar pronto esta nueva iniciativa para abordar las causas raíz del trabajo forzado, que en 2016 sufrían 25 millones de personas en el mundo según datos de la Organización Internacional del Trabajo.
"No existe una bala de plata" para erradicar este fenómeno, advirtió la veterana alta funcionaria europea, que recordó que en muchas ocasiones el trabajo forzado está vinculado a violaciones más amplias de los derechos humanos, represión y opresión de minorías, problemas de desarrollo y ausencia de un Estado de derecho.
La Comisión ha explorado diferentes enfoques para poner en marcha la prohibición y, en principio, favorecerá un sistema que obligue a las empresas a implementar procedimientos de diligencia debida para "identificar, prevenir, mitigar y detectar" violaciones de derechos humanos en sus cadenas de producción.
"Esto se puede vincular de diferentes maneras con una prohibición de vender productos en nuestro mercado si no se cumple la diligencia debida", explicó Weyand, que avanzó que una autoridad supervisora vigilaría el cumplimiento de los estándares y las potenciales prohibiciones.
Entre sus ventajas, la alta funcionaria afirmó que permite a las empresas contactar directamente con las regiones donde "puede haber problemas y donde (la empresa) puede marcar la diferencia".
"También puede haber regiones donde una empresa no sea capaz de cambiar la situación, como aquellas en las que haya un patrocinio estatal del trabajo forzado, donde la retirada de esa región puede ser la única opción", añadió Weyand.
Bruselas ha descartado otros enfoques, como la prohibición de productos específicos -por la dificultad de probar que su elaboración ha involucrado trabajo forzado- o de todas las exportaciones de una región concreta, así como el que usa Estados Unidos, que no convence a la Comisión porque puede incentivar la creación de empresas fantasma para sortear las medidas.
La directora general de Comercio advirtió, en cualquier caso, que la Unión Europea "no puede afrontar esto sola". "La UE tiene el poder de prohibir productos en el marcado europeo, pero solo es una parte de la demanda global. Necesitamos un esfuerzo internacional que incluya a quienes ofrecen y a quienes demandan (bienes)", recordó.
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