Madrid, 16 ene (.).- Casi un millón de jóvenes, un total de 944.547, han estado dados de alta en la Seguridad Social en algún momento de 2024 por sus prácticas no remuneradas, según los datos proporcionados este jueves por el Ministerio de Inclusión.
Este colectivo, que no computa en los datos generales de afiliación, ha generado de esta forma derecho a prestaciones como la jubilación y protección frente a accidentes durante el desarrollo de su actividad.
Desde el 1 de enero de 2024 las empresas o instituciones deben cotizar a la Seguridad Social por todos los alumnos universitarios y de formación profesional que realizan prácticas formativas o prácticas académicas externas (remuneradas o no) incluidas en programas de formación.
Hasta hace un año solo existía la obligación de dar de alta a los alumnos que llevaban a cabo prácticas remuneradas, una medida puesta en marcha en 2011 y que el año pasado supuso la cotización de 250.000 estudiantes en prácticas.
Con su alta, los estudiantes en prácticas remuneradas y no remuneradas quedan comprendidos como asimilados a trabajadores por cuenta ajena en el Régimen General de la Seguridad Social.
La acción protectora es la correspondiente al régimen aplicable, con la exclusión de la protección por desempleo, de la cobertura del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) y del Mecanismo de Equidad Intergeneracional.
En el supuesto de las prácticas no remuneradas se excluye también la protección por la prestación de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes.
Esta medida cuenta con una amplia bonificación en las cuotas a la Seguridad Social, que alcanza una reducción del 95 % en la cotización por contingencias comunes.
Por comunidades autónomas, Cataluña es donde más altas de estudiantes en prácticas no remuneradas se registraron (185.368), seguida de Madrid (170.028), Andalucía (135.827) y la Comunidad Valenciana (109.863).
Por provincias, Madrid lidera el número de altas de alumnos en prácticas no remuneradas desde enero de 2024, con 170.028, seguida de Barcelona con 136.646, Valencia con 69.141, Murcia (35.991) y Sevilla (32.309).
En un comunicado, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha destacado que esta medida "supone una extensión de los derechos para los más jóvenes", que son "una parte fundamental del sistema, la garantía de futuro, y que formen parte de él desde el inicio de su carrera laboral es importante".