Madrid, 4 ago (EFE). La Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) ha pedido a las administraciones que tomen medidas para proteger a las personas más vulnerables de un posible aumento de solicitud de créditos al consumo para afrontar compras, pagos habituales y deudas pendientes, en el contexto actual de inflación persistente.
La organización cree que las administraciones públicas deberían adoptar medidas para que los colectivos más vulnerables se vean afectados lo menos posible por el actual escenario, y tendrían que garantizar el acceso a una alimentación de calidad, a la movilidad o a tener su vivienda a una temperatura adecuada en plena ola de calor.
CECU ha recordado que la inflación provocada por el incremento en los precios de la luz, los combustibles, los alimentos y, en general, de la mayoría de bienes y servicios podría suponer un endurecimiento del acceso al crédito, como ha señalado el Banco de España.
Y la actual situación, según la Confederación, podría llevar previsiblemente a las personas más vulnerables a tener que buscar alternativas de financiación en condiciones mucho más graves como las tarjetas "revolving" y créditos rápidos.
La situación económica de los hogares con rentas más bajas, según la confederación, se podría ver dificultada por el acceso al crédito en condiciones favorables.
A ello se sumaría el riesgo de que se agravasen las situaciones de sobreendeudamiento familiar.
La organización propone una serie de pautas al consumidor que quiera o necesite acceder a un crédito:
- Debe tenerse en cuenta la necesidad real de hacer determinados gastos o realizar una planificación de los mismos.
- Es recomendable comparar las distintas opciones que existen en el mercado y elegir la que mejor se adapte a nuestra economía.
- Para los créditos rápidos y las tarjetas "revolving" o similares es importante tener en cuenta las condiciones que tienen que ver con la forma de pago, el interés aplicable y el interés de demora, así como comisiones, recargos y demás gastos.
- Es importante revisar las consecuencias jurídicas y económicas en caso de un impago o retraso en el pago y el cambio de las condiciones del contrato, así como la existencia de cláusulas abusivas.