Madrid, 31 mar (.).- La Audiencia Provincial de Madrid ha ratificado el fallo de un juzgado de primera instancia que desestimó la demanda interpuesta por Inversión Corporativa, vehículo de inversión de la familia Benjumea, y otros accionistas de Abengoa (MC:ABGek), que reclamaban 1.000 millones de euros a Santander (MC:SAN) y a HSBC.
Inversión Corporativa, Ardachón y Finarpisa, así como el expresidente de Abengoa Felipe Benjumea, reclamaban una indemnización de 1.000 millones de euros al Santander y el HSBC por la ampliación de capital de 650 millones que la multinacional acometió en 2015 y que marcó el relevo en la cúpula.
En febrero de 2021, el juzgado de Primera Instancia número 43 de Madrid arguyó que se trataba de una acción extracontractual, lo que implicaba que el plazo de prescripción habría expirado un año después de los hechos que relataba la demanda, que datan de septiembre de 2015, argumento que comparte la Audiencia.
En agosto de 2015, el Consejo de Administración de Abengoa acordó ampliar capital para reforzar su liquidez, debido a las consecuencias de la crisis económica que en mayo de ese año se produjo en Brasil, país en el que la compañía cuenta con negocios.
Durante varias semanas, desde la multinacional se negoció con las entidades la denominada "carta de aseguramiento", en virtud de la cual tanto el Santander como el HSBC se comprometían a garantizar la ampliación en el caso de que el importe total no fuera colocado en el mercado.
El 14 de septiembre de ese año, los bancos comunicaron al Consejo de Abengoa que suscribirían el acuerdo, si bien pusieron como "condición indispensable e inexcusable" que Felipe Benjumea abandonara su cargo "para mejorar la imagen de eficiencia en la gestión de la sociedad".
Ello retrasó varios días la firma del documento, lo que hozo necesaria la apretura de una línea de crédito de 165 millones de euros, y, en opinión de los demandantes, abocó a la compañía al concurso de acreedores, al divulgarse la idea de que "estaba gestionada de forma irregular".
Ahora, la Audiencia destaca que "no existió relación contractual alguna entre los demandantes y los bancos, ni negociación al objeto de suscribir la carta de aseguramiento de la ampliación de capital", lo que implica que el plazo para emprender acciones legales había prescrito cuando se inició la reclamación.
La polémica que rodeó la salida de Benjumea de Abengoa también estuvo presente en el juicio celebrado en 2017 en la Audiencia Nacional, donde la Fiscalía lo acusaba de "disfrazar" de cese una renuncia voluntaria con la que habría pretendido obtener beneficios económicos "a costa de los accionistas".
En concreto, Benjumea recibió 11,4 millones de euros, y el que fuera su "número dos", Manuel Sánchez Ortega, 4,5 millones, aunque ambos, y otros tres miembros del consejo, fueron absueltos de los delitos de administración desleal y apropiación indebida, al valorarse que dichas cantidades se adecuaban a la normativa legal y contractual existente en aquel momento.
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