Barcelona, 10 nov (.).- El Consejo de Trabajo Económico y Social de Cataluña (CTESC) cree que la intención del Govern de introducir, con carácter preferente, el voto electrónico en los comicios sindicales del sector público de la Generalitat "no se ajusta a la legalidad", ya que se ha hecho sin consenso con los agentes sociales.
La oposición del CTESC a esta modificación introducida a través de la ley de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat para 2022 es uno de los puntos destacados del dictamen que ha aprobado este organismo consultivo respecto a la ley de medidas fiscales, que el Govern aprobará mañana.
Este organismo, del que forman parte los principales sindicatos y patronales catalanas, recomienda suprimir dicha modificación legal y recuerda que en la normativa vigente de las elecciones sindicales se otorga al empresario el rol de "facilitar los medios necesarios para el desarrollo normal de la votación y de todo el proceso electoral".
En consecuencia, el CTESC recuerda al Govern que no es el "órgano competente para establecer la forma y las condiciones del proceso electoral", y añade que "existen espacios de concertación y diálogo social en la Generalitat con competencias específicas" para ello.
En todo caso, anteayer el Govern ya aseguró en un comunicado que pretendía consensuar la implementación del voto electrónico con las organizaciones sindicales, y planteó abordar este asunto en el marco de la comisión de seguimiento de las elecciones sindicales.
Por otra parte, el CTESC ve "insuficiente" la reserva legal de plazas reservadas a mujeres en las convocatorias de acceso y de promoción interna a los Bomberos, a los Mossos y al cuerpo de Agentes Rurales, y por ello plantea que "no pueda ser inferior al 40 % ni superior al 50 %", en lugar de la horquilla actual "de entre el 25 y el 40 %".
La ley de acompañamiento de los presupuestos no incorpora esta vez modificaciones relevantes de impuestos, tal como ya estaba previsto.
Ayer, el Govern dio luz verde al proyecto de ley de presupuestos de la Generalitat para 2022. Normalmente ambas leyes se tramitan conjuntamente, pero como la ley de acompañamiento estaba pendiente del dictamen del CTESC, el Govern decidió no esperar y remitir al Parlament ya el proyecto de presupuestos, y mañana hará lo propio con la ley de acompañamiento.
Esta normativa suele ser una especie de cajón de sastre que los ejecutivos aprovechan para introducir de golpe modificaciones en diversas leyes, y el CTESC critica esta práctica en sus consideraciones.
"Este anteproyecto de ley incorpora modificaciones legislativas que deberían poder ser recogidas en otras normas legales, permitiendo así un debate parlamentario con mayores garantías y transparencias", dice.
Con todo, el CTESC valora positivamente el cambio normativo que permite que los servicios sociales puedan remitir a la Agencia Catalana del Agua (ACA) informes para bonificar el canon del agua a personas en situación de vulnerabilidad.
En cuanto a la función pública, el CTESC pone en valor la voluntad expresada por el Govern de reducir la tasa de temporalidad en la función pública, pero pide que antes de llevar a cabo cualquier norma específica al respecto se consulte a los representantes de los trabajadores de la función pública.
Respecto al Institut Català de Finances (ICF), avala que se amplíen sus fuentes de financiación, pero recuerda que el carácter público de esta entidad financiera exige "excelencia en la igualdad y en la transparencia de estos depósitos, que vaya incluso más allá de las garantías que se exige al sector de la banca privada".
Por otra parte, este organismo de carácter consultivo cree que "no queda claro con qué criterio se establece la afectación del 10 % del importe de las sanciones económicas recaudadas por infracciones en materia de prevención de riesgos laborales a incrementar el presupuesto inicial del Instituto Catalán de Seguridad y Salud Laboral".
El CTESC también pide negociar en el marco del diálogo social el plan de simplificación y reordenación del sector público institucional.