Brasilia, 30 sep (.).- El déficit fiscal nominal de Brasil bajó hasta el equivalente al 6,32 % del producto interno bruto (PIB) en los últimos doce meses hasta agosto, que en números absolutos se traduce en 444.700 millones de reales (unos 107.000 millones de dólares), informó este lunes el Banco Central.
La deuda bruta del Estado brasileño aumentó en agosto, y volvió a batir un nuevo récord desde el inicio de la serie histórica, hasta los 5,61 billones de reales (1,34 billones de dólares al cambio de hoy), equivalente al 79,8 % del PIB, frente al 79,0 % de julio y al 77,6 % registrado hace un año.
El déficit fiscal nominal, que se obtiene de la diferencia entre todos los ingresos de las cuentas públicas y los gastos, incluyendo el pago de los intereses de la deuda externa, se redujo 0,21 puntos del PIB en relación al déficit acumulado en los últimos doce meses hasta julio de 2019.
Ese descenso fue posible gracias al superávit que registraron los gobiernos regionales y las empresas de carácter estatal.
En agosto pasado, el déficit nominal del sector público brasileño llegó a los 63.600 millones de reales (unos 15.300 millones de dólares).
En los ocho primeros meses de 2019 la diferencia nominal entre los ingresos y gastos públicos, incluyendo los intereses de la deuda, fue deficitaria en 280.759 millones de reales (67.500 millones de dólares).
La tímida caída del déficit público interanual refleja la política de austeridad impulsada por el Gobierno del presidente Jair Bolsonaro, en el poder desde el pasado 1 de enero, para reequilibrar las cuentas públicas y dar solidez al crecimiento del país, que se espera para este año por debajo del 1 %.
Entre las medidas presentadas por el líder ultraderechista figura un amplio plan de privatizaciones y concesiones y una serie de reformas estructurales de corte liberal para reducir al mínimo el tamaño del Estado brasileño.
Una de ellas es la de la reforma de las pensiones y jubilaciones, en trámite en el Congreso y que propone endurecer las condiciones para obtener esa prestación.
Criticado por los sindicatos y aplaudida por las patronales, el proyecto ya fue aprobado por la Cámara de los Diputados y ahora se encuentra en el Senado, donde la base aliada espera tenerlo listo para la sanción presidencial en octubre de este año.