Madrid, 20 abr (.).- El juzgado mercantil nº 4 de Madrid ha condenado a ACS (BME:ACS) a "cesar de denigrar" a Iberdrola (BME:IBE) con la difusión de la intención de la constructora de presentar contra la eléctrica una demanda de 2.600 millones de euros por su relación con empresas vinculadas al excomisario José Manuel Villarejo.
En una sentencia de 28 páginas a la que ha tenido acceso Efe, la magistrada Olga Ahedo estima la demanda de Iberdrola y condena a ACS a "cesar en el acto de denigración objeto de esta demanda y en todo acto que pueda suponer un perjuicio a la reputación de Iberdrola".
Además ordena que se publique la sentencia en la web del diario El Confidencial, que debe retirar la noticia en la que se hizo eco de la intención de ACS.
Los hechos se refieren a una noticia publicada el 22 de febrero de 2021 por El Confidencial, titulada "Florentino Pérez prepara una demanda de 2.600 millones contra Iberdrola por Villarejo", cifra que, según el diario digital, se correspondía con el daño causado por el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, por impedir que la constructora hubiese podido tener representación en el consejo de la eléctrica.
Pero el conflicto entre ambas se remonta al año 2012, cuando la Audiencia Provincial de Vizcaya rechazó un recurso de ACS contra una sentencia que avalaba la decisión de Iberdrola de impedir el acceso de la constructora a su consejo de administración, al entender que ambas son "directa y efectivamente competidoras" en áreas concretas.
Esta fue, según sostenía Iberdrola en su demanda, "una de las operaciones frustradas más importantes de las dos últimas décadas en el panorama empresarial español".
Ya en 2015, el Tribunal Supremo anuló varios acuerdos de la junta de accionistas de Iberdrola de 2011 recurridos por ACS, aunque avaló la limitación de los derechos de voto de la constructora, que constituía el eje principal del conflicto.
La noticia de El Confidencial se publicó dos días antes de la presentación de resultados de 2020 de Iberdrola, algo que la eléctrica defendía que "de ninguna manera puede considerarse como casual, sino más bien evidencia mala fe y búsqueda intencionada de generar el mayor perjuicio posible".
Ahora, la magistrada ve necesaria la publicación de la sentencia ya que "el acto de denigración que menoscabó la reputación de Iberdrola se cometió con publicidad y tuvo proyección nacional e internacional, llegando a conocimiento de accionistas e inversores", y tuvo "un efecto inmediato en el mercado con el descenso de la cotización de la acción".
Asimismo, la sentencia, que es recurrible, destaca que "el hecho de que la reputación de Iberdrola esté afectada, incluso significativamente, por el caso Villarejo, no legitima conductas aptas para incrementar el descrédito".
La publicación del propósito de ACS de formular la demanda se ha revelado "impertinente" desde el momento en que ha resultado probado que nunca existió tal propósito, añade la magistrada.
En cualquier caso, añade, "aun cuando la intención de interposición de demanda hubiera sido real, la publicación habría sido impertinente igualmente toda vez que su carácter condicionado, dependiente de decisiones judiciales ajenas a la actuación de ACS, la convertían en carente de justificación y desproporcionada considerando el menoscabo que podía causa a Iberdrola".