Bruselas, 5 may (.).- La Comisión Europea (CE) dio este jueves luz verde al programa de 450 millones de ayudas directas al sector del transporte, tanto de mercancías como de pasajeros, acordado entre el Gobierno de España y el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) a finales de marzo, informó la institución en un comunicado.
Este programa de apoyo sigue las directrices del Marco Temporal de Ayudas de Estado adoptado por Bruselas con el objetivo de mitigar las consecuencias de la invasión de Ucrania y que permite la concesión de ayudas públicas al tejido empresarial que estarían prohibidas en circunstancias normales.
Según informó el Gobierno el 25 de marzo tras 12 horas de negociación con el CNTC, la cuantía será de 1.250 euros por camión, 950 por autobús, 500 por furgoneta y 300 por vehículo ligero (taxis, VTC y ambulancias), con un límite de 400.000 euros como máximo por empresa.
Precisamente este límite forma parte de los requisitos establecidos en el marco temporal de la Comisión Europea, así como la exigencia de que las ayudas no se puedan conceder más tarde del 31 de diciembre de 2022.
Los servicios de Competencia del Ejecutivo comunitario concluyeron en su análisis que se trata de un programa "necesario, adecuado y proporcionado" para atajar una "distorsión grave" de la economía de un Estado miembro, por lo que dieron luz verde al plan.
El acuerdo tras 12 horas de negociación entre el Gobierno y las asociaciones de transportistas que forman parte de ese comité especifica que las ayudas del Ejecutivo al sector ascenderán a más de 1.050 millones de euros (unos 1.100 millones de dólares).
El otro pilar del pacto son los más de 600 millones de euros destinados a conceder una bonificación de 15 céntimos por litro de combustible a los profesionales, a lo que se suman otros 5 céntimos -como mínimo- aportados por las petroleras hasta el 30 de junio.
El acuerdo también incluía ampliar el plazo de los vencimientos de los préstamos públicos al sector y duplicar el presupuesto para las ayudas al abandono a la profesión de transportista (de 10 a 20 millones de euros), además de medidas legales para evitar un abuso de la subcontratación e impedir que se abone por sus servicios un precio inferior al de sus costes.
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