Madrid, 29 jul (.).- La inflación volvió a subir en julio hasta situarse en el 10,8 % en tasa anual, al calor del encarecimiento de alimentos y electricidad, hasta marcar su nivel más alto en los últimos 38 años.
Los datos adelantados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) arrojan un aumento de la inflación anual de seis décimas respecto al mes pasado y sitúa la tasa en la más elevada desde septiembre de 1984.
Esta evolución se ha debido al encarecimiento de los alimentos y bebidas no alcohólicas y de la electricidad (que se abarató hace un año), así como a las menores rebajas de vestido y calzado, y todo ello pese al descenso de los precios de los carburantes.
Fuentes del Ministerio de Economía han considerado esta inflación como "un fenómeno global y una de las principales consecuencias de las tensiones geopolíticas", que están generando "un incremento continuado de los precios de la energía, especialmente del gas, y también de los alimentos".
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mostrado su preocupación por la cada vez mayor inflación y ha asegurado que, desde que empezaron a subir los precios, el Gobierno ha movilizado 30.000 millones de euros en ayudas a la clase media y colectivos vulnerables, cuantía que representa 2,3 puntos del PIB.
Se trata, ha dicho, del doble del esfuerzo económico del realizado hasta el momento por economías más afectadas por el impacto de las restricciones de suministro del gas ruso, como es el caso de Alemania.
La inflación mantiene la senda alcista que comenzó en marzo de 2021 y que solo quedó interrumpida en enero, cuando se moderó 4 décimas hasta el 6,1 %, y en el mes de abril, cuando bajó un punto y medio, hasta el 8,3 %.
EXPERTOS ALERTAN ANTE LA ELEVADA INFLACIÓN SUBYACENTE
Una vez eliminados los elementos más volátiles de la cesta de la compra, la inflación subyacente se situó en el 6,1 %, también seis décimas por encima del dato de junio y la más elevada desde enero de 1993.
El director de Coyuntura y Análisis Internacional de Funcas, Raymond Torres, ha mostrado su preocupación por la pérdida de competitividad para la economía española que puede suponer la mayor inflación respecto a otros países de la zona euro.
Ha considerado necesario vigilar en los próximos meses la evolución de la energía, pero también a la inflación subyacente y el impacto de la energía en los precios de bienes y servicios, con una temporada turística boyante que puede derivar en "una inflación en el sector de servicios desbocada".
El profesor de Administración y Dirección de Empresas de VIU (Universidad Internacional de Valencia), Tomás Gómez Franco, ha apuntado como causas al shock de oferta, pero también al aumento del consumo de rentas medias y altas, por ejemplo en turismo, y a la depreciación del euro frente al dólar.
Ello va a conllevar, ha añadido, una subida de los tipos de interés, con el consiguiente encarecimiento de préstamos y hipotecas y una menor renta disponible; un efecto negativo para la deuda pública; y un aumento de las tensiones y conflictividad laboral.
LOS SINDICATOS RECLAMAN SUBIDAS SALARIALES
Esto último ha sido respaldado por los sindicatos CCOO y UGT, que apuntan a que, ante esa inflación disparada, los salarios apenas han subido un 2,4 % hasta junio de este año, mientras que la remuneración del capital, que se mide a través del excedente bruto de explotación, lo hace en un 8,5 %.
"Mientras determinadas empresas y sectores están aprovechando la coyuntura para ensanchar sus márgenes de beneficios, la clase trabajadora está viendo recortado su poder de compra mes a mes, siendo la principal perjudicada por la espiral inflacionista", han dejado claro, al tiempo que han reclamado subidas salariales.
Desde el Gobierno siguen apostando por un pacto de rentas para lograr contener la inflación en el que participen empresas y trabajadores, así como funcionarios, pero en el que quedarían excluidos los pensionistas, cuyas pensiones se revalorizarán conforme al IPC tal y como fija la ley.
"Sin duda, los pensionistas tienen que estar tranquilos de que su poder adquisitivo se mantiene", ya que se trata de "personas que ya no tienen flexibilidad y capacidad de ajustar su situación laboral", ha dicho el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá.
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