Madrid, 15 jun (.).- La aerolínea Plus Ultra, que debía declarar este miércoles como imputada por el rescate de 53 millones de euros de ayudas públicas, ha alegado a la juez que el plazo de instrucción ha caducado y que todas las diligencias ordenadas después del 8 de abril no son válidas.
En un escrito presentado el lunes, la aerolínea señalaba que mientras no se resolviera el recurso de reforma subsidiario de apelación, procede la suspensión de su declaración y de "cualquier otra diligencia aprobada después del 8 de abril"
Ante esto, la titular del juzgado de instrucción nº 15 de Madrid, Esperanza Collazos, ha dado a las partes tres días para que recurran la decisión de suspender la declaración de Plus Ultra, prevista para este miércoles.
En una providencia fechada hoy a la que ha tenido acceso Efe, la magistrada señala que no se ha podido resolver en el plazo establecido el recurso presentado por la aerolínea contra la providencia de 25 de mayo que fijaba su declaración para hoy atendiendo a la solicitud de Vox, que figura como acusación popular.
De ahí que haya optado por suspender la declaración aunque da a las partes tres días a contar a partir de hoy para que recurran.
La formación pidió la comparecencia del representante legal de Plus Ultra para que explique los "intríngulis de las operaciones contables y societarias que llevaron a que (la compañía) se pudiera presentar como candidata a los fondos".
La aerolínea presentó entonces un recurso oponiendo a su declaración y Vox contestó con un escrito en el que exponía que "del hecho de que no se haya practicado la declaración del investigado no cabe entender que proceda acordar automáticamente el sobreseimiento".
La declaración del investigado, indica Vox, puede acordarse "aun siendo extemporánea" por ser una garantía para los derechos del investigado, o como
Asimismo, señalaba que "aún en el caso de que no se acuerde la misma, acordar el archivo y sobreseimiento supone una extralimitación de las causas de sobreseimiento".
Los hechos se remontan al 9 de marzo de 2021, fecha en la que el Gobierno dio luz verde a la ayuda a Plus Ultra con 53 millones de euros en préstamos del Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas de la SEPI.
El pasado mes de abril la jueza inició diligencias contra el que fuera presidente en funciones de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Bartolomé Lora y el consejo de administración del organismo tras una denuncia del sindicato Manos Limpias por presunta malversación en el rescate.
En su auto, la magistrada indicaba que "los hechos denunciados hacen presumir la posible existencia de una infracción penal". Entre los miembros del consejo de la SEPI figuran cuatro secretarias de Estado, Esperanza Casteleiro (Defensa), Inés María Bardón (Hacienda), Sara Aagesen (Energía) y Ana de la Cueva (Economía y Apoyo a la Empresa).
También el secretario general de Industria y Pyme, Raúl Blanco, la directora del Gabinete de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Isabel Valldecabres, y el director del Gabinete de la ministra de Hacienda, Carlos Moreno.
Ante la magistrada si han declarado los peritos de las partes, que ratificaron sus informes previos difiriendo sobre si la compañía cumplía o no con los requisitos para acceder a esta financiación.
Los expertos designados por el juzgado insistieron en que Plus Ultra era una empresa con visos de insolvencia a cierre de 2019, lo que habría conllevado no poder optar a los fondos, dictamen que fue rechazado por los técnicos de la SEPI, Deloitte y DC Advisors, que señalaron que la aerolínea no estaba en causa de disolución en el momento en el que obtuvieron las ayudas.