Madrid, 19 dic (.).- El Tribunal de Cuentas ha aprobado este jueves su plan de fiscalización para 2025 y ha situado la vivienda entre sus prioridades, con lo que pondrá la lupa en la Entidad Pública Empresarial de suelo (SEPES), la Sociedad de gestión de activos de la reestructuración bancaria (SAREB) y la gestión de las viviendas de protección pública en las autonomías.
Su objetivo es emprender actuaciones relacionadas con las grandes políticas públicas, con lo que también prestará atención al ámbito de la Sanidad -con fiscalización de la asistencia sanitaria especializada y gastos farmacéuticos hospitalarios- y a la educación, donde prevé analizar la gestión de los conciertos en las comunidades que no tienen órgano propio de gestión.
Según explica en un comunicado, su programa de 2025 vuelve a centrarse en la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), con doce fiscalizaciones.
A los 18 informes que elabora por mandato legal -las cuentas anuales del sector público, de los partidos políticos y la contabilidad de pasados procesos electorales-, se unen 24 actuaciones en las principales áreas de riesgo de la gestión pública: la contratación, las subvenciones, el patrimonio y los ingresos.
El Tribunal prestará también atención a programas de sostenibilidad ambiental, movilidad sostenible en el transporte colectivo, las zonas de bajas emisiones en los municipios, la perspectiva de género en la elaboración de los presupuestos o la cita previa en la atención al ciudadano.