Madrid, 8 jul (.).- El Tribunal de Apelación de Svea (Suecia) ha anulado el laudo del Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo que condenaba a España a indemnizar con 48 millones de euros a fondos de Foresight y GWM Renewable Energy y Greentech Energy (ahora Athena Investment) por recortes a renovables.
Según han confirmado a EFE fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica, España ha conseguido así anular nuevamente, ante los tribunales suecos, un laudo sobre la base de falta de jurisdicción del tribunal arbitral al ser una disputa entre un inversor de un Estado miembro de la Unión Europea y un país perteneciente a los Veintisiete.
La resolución, adelantada este lunes por El Confidencial, no es apelable y condena a los inversores al pago de las costas.
Dictado por el Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo en 2018, el laudo ahora anulado consideró que España había incumplido las obligaciones en virtud del Tratado sobre la Carta de la Energía, por lo que condenó al Estado a pagar una indemnización de 39 millones de euros más intereses.
Hace casi tres meses, el mismo Tribunal de Apelación de Svea ya anuló otro laudo que obligaba a España a pagar 10,4 millones de euros más intereses a Triodos Sicav II, vehículo de inversión perteneciente al grupo Triodos Bank, por la misma razón.
Aquella fue la segunda vez que el Estado consiguió anular, ante los tribunales suecos, una resolución por tratarse de una disputa intra-Unión Europea que involucraba a un inversor de Luxemburgo y un socio comunitario.
En 2013, el Gobierno de Mariano Rajoy culminó una reforma legislativa que redujo la rentabilidad prevista para la inmensa mayoría de las instalaciones renovables en régimen regulado, un recorte retributivo destinado, junto con otras actuaciones, a atajar el déficit de tarifa del sistema eléctrico.
El Tribunal Supremo y el Constitucional rechazaron los recursos presentados por los inversores nacionales contra esa rebaja de la rentabilidad, pero algunos internacionales acudieron a las cortes de arbitraje, muchos al amparo del Tratado sobre la Carta de la Energía, y denunciaron al Reino de España.
A tenor de los últimos datos ofrecidos por el Ministerio para la Transición Ecológica, España ha conseguido reducir un 84 % el importe reclamado por los inversores.
El pasado diciembre, el Ejecutivo acordó denunciar el citado tratado, firmado en Lisboa en 1994, por ser un marco jurídico para proteger inversiones fósiles que veía desfasado ante los objetivos climáticos y del que la Unión Europea propuso meses antes la salida en bloque.
Con esta decisión buscaba impulsar la retirada de España de este documento, del que por entonces ya se habían apartado otros miembros de la Unión Europea como Polonia, Francia, Alemania, Países Bajos, Eslovenia y Luxemburgo.
A mediados de este mayo, el Boletín Oficial del Estado (BOE) formalizó la denuncia de España, una medida que surtirá efectos a partir del 17 de abril de 2025, aunque la protección a las inversiones existentes apoyadas en este tratado durarán dos décadas más.