Shanghái (China), 17 mar (.).- Las autoridades chinas anunciaron la paralización este año de la planeada ampliación para las pruebas piloto de un impuesto armonizado a los bienes inmuebles, un plan impulsado en octubre del año pasado, informa hoy el portal de noticias económicas Yicai.
El Ministerio de Finanzas indicó que "no se dan las condiciones" para ampliar la lista de ciudades en las que se efectuarán dichas pruebas.
Según expertos citados por la prensa local, la prioridad de Pekín es ahora estabilizar la economía y, más concretamente, el sector inmobiliario teniendo en cuenta factores como los actuales rebrotes de la covid-19 en el país antes de tratar de avanzar con el plan de reforma de los impuestos inmobiliarios.
La iniciativa buscaba "avanzar en la legislación y reforma" de los impuestos a los bienes inmuebles "de manera activa y prudente" para "orientar el consumo racional de viviendas y el uso económico de los recursos de la tierra", así como "facilitar el desarrollo estable y sólido del mercado inmobiliario del país".
La decisión de paralizar la aplicación del plan en 2022 se hizo pública el mismo día en el que el Comité de Desarrollo y Estabilidad Financiera del Consejo de Estado (el Ejecutivo chino) reclamó a las inmobiliarias "soluciones oportunas, potentes y efectivas para prevenir y resolver los riesgos y progresar en las medidas que permitan una transición un nuevo modelo de desarrollo".
El sector inmobiliario chino comenzó a sobrecalentarse a finales de 1990, cuando los reguladores de entonces abrieron la mano a promotoras ávidas por aprovechar el 'boom' del ladrillo chino.
Las restricciones a la salida de capitales y la volatilidad de los mercados bursátiles locales han hecho que las propiedades sean uno de los vehículos de inversión preferidos en China, en parte debido a que todavía no existe un impuesto sobre bienes inmuebles a nivel nacional: según Moody's Analytics, las viviendas representan casi el 60 % del patrimonio de los hogares chinos y más de un 75 % de sus deudas.
Al margen, las autoridades han tratado en los últimos años de regular el sector para controlar su expansión desmedida, obligando a las empresas a reducir pasivos y a ofrecer descuentos cada vez mayores para mantener la liquidez.
Esto ha provocado crisis de deuda como la que atraviesa el gigante inmobiliario Evergrande (HK:3333), en la que las autoridades se vieron obligadas a intervenir ante un pasivo superior a los 300.000 millones de dólares y varios impagos de bonos 'offshore'.
Algunos expertos estiman que el peso directo e indirecto del sector inmobiliario y del de la construcción alcanza entre un 20 y un 30 % del PIB nacional.
También se cree que entre el 13 % y el 22 % de las viviendas urbanas del país están vacías, especialmente en las ciudades más pequeñas; ante el frenazo inmobiliario en la segunda mitad de 2021, las autoridades de algunas localidades llegaron a establecer límites a cuánto pueden bajar de precio los pisos para "mantener la estabilidad" del mercado.