Buenos Aires, 25 ene (EFE).- El Banco Central de Argentina empezó
hoy la semana con dos gobernadores, uno reconocido por el Gobierno y
el otro que se niega a ser destituido en medio de la polémica, y una
maraña judicial por el uso de reservas monetarias para pagar deudas
soberanas este año.
El juez federal de Buenos Aires Norberto Oyarbide confirmó hoy
que evalúa una denuncia penal de Martín Redrado contra el Gobierno
presentada este domingo, cuando se le impidió el ingreso al Banco
Central en su calidad de gobernador del instituto monetario, cuya
titularidad ejerce ahora Miguel Ángel Pesce, reconocido como tal por
la Administración de Cristina Fernández.
Oyarbide aclaró a los periodistas que admitirá tratar la denuncia
penal de Redrado en el actual período de receso judicial "si los
acontecimientos revisten la gravedad suficiente", cosa que no ha
decidido.
El conflicto estalló a comienzos de mes por la negativa de
Redrado a cumplir un decreto presidencial para el pago de deudas con
reservas, en coincidencia con preparativos de Argentina para
refinanciar los bonos por un total de 20.000 millones de dólares que
siguen en mora desde el cese de pagos de 2001.
El precio de los bonos soberanos argentinos revirtieron su
tendencia desde el alza hacia la bajada, pero el conflicto no ha
tenido impacto en el mercado de cambios ni en el nivel de depósitos
bancarios.
Redrado presentó el domingo su denuncia penal "por abuso de
poder" del jefe del gabinete, Aníbal Fernández, y en declaraciones
que publica hoy la prensa el funcionario advirtió que pasó de una
actitud de defensa a la de "ataque" al Gobierno.
"Tengo las listas específicas de los amigos del poder que
compraron dólares", aseguró Redrado al diario bonaerense Clarín en
velada referencia a presuntos ilícitos.
"Si Redrado no hace la denuncia, lo vamos a denunciar nosotros
por encubridor", subrayó hoy el jefe del gabinete.
Fernández insistió además con que "no tiene sentido" que haya
intervenido la justicia, la cual dispuso que sólo el Parlamento
puede habilitar el uso de las reservas del Banco Central y suspendió
el decreto presidencial que ordenaba al instituto monetario separar
6.569 millones de dólares para pagar deudas públicas a lo largo del
año.
Redrado, designado para un mandato de seis años que vence en
septiembre próximo, fue cesado el 8 de enero por un decreto
presidencial que después fue anulado por dos fallos judiciales que
reivindican la potestad del Parlamento para destituirlo, como adujo
el funcionario.
El último de esos fallos, dictado el viernes por un tribunal de
apelaciones, ordena que el Gobierno "no designe con carácter
definitivo" a un nuevo jefe del Banco Central "hasta tanto" se
cumpla el paso de la consulta no vinculante con una comisión
bicameral del Parlamento que se reunirá por primera vez mañana.
El Gobierno interpretó que esto supone que Redrado ya no dirige a
la entidad monetaria, cuyo directorio nombró el viernes a Pesce, que
hasta ese momento ocupaba la vicepresidencia de la entidad.
La legislación argentina dicta que el pronunciamiento de la
comisión bicameral, que preside el vicepresidente del país, Julio
Cobos, enemistado con el Gobierno desde 2008, es necesario para la
destitución del gobernador del Banco Central, pero no vinculante con
la decisión que tenga el Ejecutivo.
El diputado oficialista Gustavo Marconato, uno de los miembros de
esa comisión bicameral, insistió hoy en que hace falta "un rápido
pronunciamiento" de modo de cerrar cuanto antes "el caso Redrado".
EFE