Jairo Mejía
Tokio, 16 sep (EFE).- El nuevo Gobierno de Japón se enfrenta en
el apartado económico a las mayores dificultades, ya que pretende
cambiar el rumbo de una locomotora exportadora que ha empujado a la
segunda economía de mundo durante más de 50 años.
Yukio Hatoyama y el equipo económico del Partido Democrático (PD)
tendrán que explicar cómo van a bajar impuestos, aumentar los
subsidios y abaratar los servicios sin ahondar en la crisis
japonesa, en la situación económica actual y una deuda pública que
ronda el 180 por ciento del Producto Interior Bruto.
La Bolsa de Tokio recibió hoy la elección del nuevo primer
ministro con una leve subida, aunque con caídas entre los valores de
sector financiero y las obras públicas, que podrían verse afectados
por normas más estrictas y una reducción del gasto público.
La primera promesa que los analistas creen que Hatoyama romperá
será el compromiso pre-electoral de no emitir más deuda pública o
bonos del Estado para financiar sus programas sociales y ayudas a
las familias.
Los cálculos del PD pasan por reducir los gastos inútiles
vinculados a la gigantesca estructura burocrática del Estado japonés
y replantearse el presupuesto aprobado por la anterior
Administración.
Con ello, pretende financiar las ayudas al cuidado de los niños,
hacer gratuita la educación secundaria, aumentar el sueldo mínimo y
dar más ayudas al desempleo.
EL PD quiere detener la ejecución de parte del presupuesto para
obtener 53.967 millones de euros que le permitan financiar sus
promesas, pero se ha encontrado con problemas como que algunas
partidas ya han sido ejecutadas.
Otro de los puntos del famoso "Manifiesto de Minshuto", como se
conoce al programa electoral del Partido Democrático, es no aumentar
el impuesto sobre el consumo, actualmente en un 5 por ciento (en
España es el 16 por ciento).
No obstante, los ingresos del Estado se siguen contrayéndo y el
PD tiene previsto reducir otros impuestos como el que grava la
gasolina o algunos gastos en educación, así como hacer gratuita la
compleja y endeudada red de autopistas japonesa.
El anterior ministro de Finanzas, Kaoru Yosano, ha advertido de
que para cumplir sus promesas el PD necesitaría aumentar los
impuestos al consumo hasta el 25 por ciento.
Otra de sus promesas es reducir en un 20 por ciento los gastos en
la Función Pública antes del fin del año fiscal de 2013, para lo
cual ha adelantado que bajará los sueldos de los funcionarios y
recortará empleos.
Durante la campaña, el PD se hizo eco de las quejas de los
ciudadanos que creen que los 575.000 empleados públicos para una
población de algo mas de 127 millones de habitantes son tratados
mucho mejor que los trabajadores del sector privado.
Con todo, el PD espera ahorrar 1,1 billones de yenes (8.253
millones de euros) anuales en salarios pagados a los funcionarios.
Asimismo, el nuevo Gobierno pretende aumentar el sueldo mínimo y
acabar con la temporalidad en el empleo, un tipo de contratación a
la que cada vez recurren más las empresas japonesas afectadas por la
crisis.
En un país donde los empleos vitalicios eran considerados la base
de la sociedad y la familia, el mayor índice de paro de posguerra y
una temporalidad que afecta a un tercio de la población activa será
otro de los caballos de batalla de Hatoyama.
Otro de los problemas a los que se enfrenta el PD de Hatoyama es
un yen cada vez más fuerte frente a un dólar que pierde peso, lo que
provoca grandes pérdidas entre los exportadores japoneses a la hora
de repatriar sus beneficios desde el extranjero.
El nuevo ministro de Finanzas, Hirohisa Fujii, un veterano de
ideas conservadoras sobre la economía que fue ministro durante los
11 meses que no gobernó el Partido Liberal Demócrata entre 1993 y
1994, dijo hoy que no intervendrá los mercados de divisas para
devaluar el yen, ya que la situación no es grave.
El PD cree que un aumento del valor del yen no perjudicará a
Japón durante mucho tiempo, ya que el objetivo es que la segunda
economía mundial se base en un modelo dependiente de la demanda
interna y no tanto de las exportaciones. EFE