Brasilia, 26 ago (EFE).- El presidente de Brasil, Luiz Inácio
Lula da Silva, firmó hoy el contrato de obras de la hidroeléctrica
de Belo Monte, un proyecto en el corazón de la Amazonía que calificó
de "victoria del sector energético", pese a que causará el
desplazamiento de unas 50.000 personas, según los grupos que se
oponen a la construcción.
Lula dijo que la hidroeléctrica, que debe entrar en operación en
2015, significa "el fin de un periodo en el que las personas tenían
miedo de gobernar, en el que las personas tenían miedo de debatir",
durante una ceremonia celebrada en el Palacio de Planalto de la
capital brasileña.
"Lo que está sucediendo aquí es que una cosa que hace años se
creía imposible. El proyecto que estamos iniciando hoy es menos
agresivo que el original", dijo Lula, quien añadió que la
hidroeléctrica de Belo Monte significa "una victoria del sector
energético".
Mientras, el ministro de Minas y Energía, Marcio Zimmermann,
aseguró que la hidroeléctrica, que será construida en el municipio
de Altamira del estado septentrional de Pará, cerca de la
desembocadura del río Xingú en el Amazonas, "juega un importante
papel en el desarrollo" de la zona.
En el acto también tomó la palabra el presidente de la
hidroeléctrica, Carlos Nascimento, quien aseguró que la población
desplazada "será debidamente compensada", añadió que "nadie quedará
sin indemnización" y que los afectados podrán participar en el
proceso para escoger la "fórmula de compensación".
Las obras han sido adjudicadas en subasta pública a un consorcio
liderado por la estatal Compañía Hidroeléctrica do São Francisco
(Chesf) y en el que también participa la constructora privada
Queiroz Galvão.
Según los cálculos del Gobierno, la represa tendrá un coste de
20.000 millones de reales (unos 11.360 millones de dólares) y tendrá
un potencial máximo de algo más de 11.000 megavatios en las épocas
de máxima crecida del río Xingú, uno de los principales afluentes
del Amazonas.
El proyecto ha chocado con la férrea oposición de organizaciones
ecologistas y movimientos que defienden a la población que tendrá
que abandonar sus hogares, campaña en la que cuentan con el apoyo de
personajes de Hollywood, como el director de Avatar, James Cameron,
entre otros.
Los grupos que se oponen a su construcción han denunciado que el
Gobierno no ha tenido en cuenta los daños medioambientales y humanos
de las obras, que obligarán a inundar un área de más de 500
kilómetros de selva y a desplazar a unos 50.000 indios y campesinos
que viven en la zona, en su mayoría dedicados al cultivo de cacao.
El Consejo Indigenista Misionario (Cimi), organización ligada a
la Iglesia Católica, ha denunciado que la firma del proyecto es "una
afrenta escandalosa a las convenciones internacionales de derechos
humanos, a la legislación brasileña y la Constitución del país".
En un manifiesto, el organismo aseguró que el proyecto vulnera
una convención de la Organización Internacional del Trabajo, además
de las declaraciones de la ONU sobre pueblos indígenas y diversidad
biológica.
Según el Cimi, esos acuerdos internacionales exigen "el
consentimiento previo, libre e informado" de las comunidades locales
en el caso de que los poderes públicos emprendan proyectos que
afecten sus vidas.
Además, los firmantes de la misiva añaden que el proyecto es "una
mancha macabra y fea, pero no extinguirá la resistencia de los
indígenas, ribereños u pequeños agricultores que luchan por sus
vidas".
El Gobierno, por su parte, ha asegurado que la subasta ha
respetado todas las normas ambientales que existen en el país y se
han incluido cláusulas para minimizar el daño y garantizar las
debidas indemnizaciones a todos los desplazados.
Una vez en operaciones, la represa de Belo Monte será la tercera
mayor hidroeléctrica del mundo, solo detrás de la de Tres Gargantas
(China) e Itaipú (Brasil y Paraguay). EFE
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