Sevilla, 4 jul (.).- El Gobierno andaluz ha iniciado este martes los trámites para recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) la Ley Estatal de Vivienda, ya que los servicios jurídicos de la Administración autonómica consideran que la norma invade competencias recogidas en el Estatuto de Autonomía.
El Ejecutivo andaluz ha analizado en su reunión semanal el informe de los servicios jurídicos de la Junta, que concluye que se invaden competencias en materia de vivienda que son exclusivas de la comunidad, y que el Gobierno central excede el poder legislativo que le confiere la Constitución.
La Junta plantea el recurso de inconstitucionalidad sobre 18 artículos y cuatro disposiciones adicionales, ya que defiende que el Estado no puede legislar, ni siquiera de forma supletoria, en materia de vivienda, ha explicado la consejera de Fomento, Rocío Díaz.
La propuesta de impugnación, que no incluye la petición de suspensión cautelar, debe ser sometida ahora a dictamen del Consejo Consultivo y a la consideración posterior del Consejo de Gobierno, para aque autorice interponer el recurso ante el TC.
La Junta impugnará toda regulación relativa al concepto de vivienda protegida, de vivienda social, de vivienda protegida de precio limitado, de gran tenedor, de vivienda asequible incentivada y de parque público, ha explicado la consejera.
Ha dicho que, según los servicios jurídicos, la ley estatal supone "una clara limitación de las competencias de las autonomías", que quedan en parte "expropiadas" por el Gobierno central y que se advierte del riesgo de "vaciar el contenido" de las competencias autonómicas.
La Ley de Vivienda "invade de forma frontal las competencias cedidas a las comunidades" e incrementa la inseguridad jurídica, con un modelo de "intensa intervención pública".
El Gobierno andaluz impugna artículos que recogen conceptos "con una regulación tan completa y acabada que no deja espacio alguno de regulación al legislador autonómico", según la Junta.
Además, se detalla "un régimen prácticamente completo en relación con la vivienda protegida, con asuntos que ya estaban regulados por la propia administración autonómica como la duración de la calificación o con los requisitos para ser adjudicatario".
El informe también indica que la Ley Estatal de Vivienda se extralimita a la hora de regular la gestión de los parques públicos de vivienda, que entra tan al detalle que reduce a las comunidades autónomas a ser meros ejecutores de sus políticas.
Asimismo, expone que se crean nuevas figuras como las viviendas asequibles incentivadas "que tampoco deberían ser competencia del legislador estatal".
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