Sídney (Australia), 3 jul (.).- El Gobierno de Australia anunció este lunes la puesta en marcha de un centro nacional anti-estafas, un problema que genera pérdidas anuales de unos 1.000 millones de dólares australianos (664 millones de dólares estadounidenses) entre sus ciudadanos, sobre todo en las inversiones.
"Las estafas de inversión provocan el mayor número de pérdidas individuales declaradas y causan una devastación emocional a las víctimas", afirmó la vicepresidenta de la Comisión Australiana de Competencia y Consumo, Catriona Lowe, en un comunicado.
El Centro Nacional Anti-Estafas contará con una unidad de expertos en asuntos bancarios, telecomunicaciones y redes sociales, para prevenir las estafas, especialmente en el sector de las inversiones, así como para proteger a las víctimas que han perdido dinero o su identidad a consecuencia de estas actividades ilícitas.
La unidad -que operará inicialmente durante seis meses- se centrará principalmente en las estafas relacionadas con inversiones, que actualmente suponen más la mitad de todas las pérdidas anuales por este tipo de delitos, según una nota publicada hoy por la oficina del ministro australiano de Servicios Financieros, Stephen Jones.
La brigada buscará, entre otras tareas, eliminar los portales de internet de estafas de inversión y también intercambiará información con otros organismos, empresas y el público, para que puedan adoptar medidas de protección.
Según datos de la Comisión Australiana de Competencia y Consumo, los residentes del país oceánico perdieron alrededor de 205 millones de dólares australianos (136 millones de dólares estadounidenses o 125 millones de euros) por estafas entre el 1 de enero y el 1 de mayo de este año.
La cifra representa un incremento del 166 por ciento en comparación al mismo período del año pasado.
Asimismo, el organismo fiscalizador indicó que tan solo cerca del 13 por ciento de estos delitos son denunciados por la población.
Las principales estafas en Australia se relaciones a las inversiones, incluyendo en las criptomonedas, que se promocionan por internet o las redes sociales a través de impostores que se hacen pasar por representantes de instituciones financieras o bancos.
Los métodos igualmente incluyen el envío de mensajes de texto con enlaces a portales fraudulentos, de acuerdo a la Comisión.