Bruselas, 20 nov (.).- La Comisión Europea ha prorrogado hasta el 30 de junio de 2024 el marco temporal que permite a los países conceder ayudas públicas a las empresas más afectadas por los elevados precios de la energía como consecuencia de la guerra en Ucrania y que expiraba al cierre de este año.
Aunque Bruselas había planteado a los Estados miembros una extensión más limitada, hasta el 31 de marzo, finalmente ha decidido dar más margen a las capitales para que puedan apoyar a su tejido productivo, según ha informado este lunes la institución en un comunicado.
El Ejecutivo comunitario consideró que, aunque "los riesgos del suministro energético han disminuido" y la situación de los mercados y en especial el del gas "parece haberse estabilizado", la guerra en Ucrania y las "tensiones geopolíticas" actuales "plantean riesgos y siguen siendo una fuente de incertidumbre" para la economía europea."
"A pesar la tendencia general positiva, los mercados energéticos siguen siendo vulnerables", argumenta la Comisión, que precisa que con esta prórroga "los Estados miembros pueden mantener sus esquemas de apoyo para cubrir el próximo periodo de invierno como una red de seguridad en caso de que algunas empresas sigan siendo golpeadas por distorsiones económicas causadas por la guerra de Rusia en Ucrania".
De esta forma, los Estados miembros podrán seguir compensando de forma parcial durante un periodo adicional de seis meses los costes energéticos de empresas siempre que dichos costes "excedan de una manera significativa los niveles previos a la crisis".
Bruselas prolonga también la disposición del marco temporal de ayudas de Estado que permite a las capitales otorgar ayudas por empresa, cuyo límite por firma beneficiaria se aumenta de 2 millones a 2,25 millones de forma general, de 250.000 euros a 285.000 euros en el sector agrícola, de 330.000 euros a 335.000 euros en el sector de la pesca y la acuicultura.
Por contra, quedan fuera de la prórroga el resto de ayudas que sí permite el marco hasta el 31 de diciembre, como son garantías estatales, apoyo a la liquidez, préstamos blandos o medidas para impulsar la reducción de la demanda de electricidad.
Por último, no sufren ningún cambio todas las medidas encaminadas a acelerar la transición ecológica y la descarbonización de la industria europea, cuya vigencia se mantiene hasta el 31 de diciembre de 2025.
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