Bruselas,13 dic (.).- La Comisión Europea elevó este miércoles a 300.000 euros las ayudas públicas que se pueden conceder a una empresa sin que sea necesario comunicarlo a la institución comunitaria para que evalúe su legalidad y a 750.000 euros si las beneficiarias desarrollan su actividad en servicios de interés general como sanidad o transporte.
El Ejecutivo comunitario ha aprobado, en concreto, enmiendas a la normativa 'de minimis', que recoge el funcionamiento de aquellas ayudas estatales de pequeña cuantía que se presuponen compatibles con el mercado interior y sin efectos negativos sobre la competencia europea.
Las principal modificación es un aumento desde el techo de 200.000 euros por compañía en tres ejercicios fiscales, que está fijado desde 2008, hasta los 300.000 euros para tener en cuenta el impacto de la inflación.
En el caso de los servicios de interés económico general, en el que se incluyen sectores como el transporte público o los servicios sanitarios, el Ejecutivo comunitario elevó a 750.000 euros el umbral desde el límite de 500.000 euros que existía hasta ahora.
Por otro lado, Bruselas introduce en ambos casos una obligación para que los Estados miembros registren todas las ayudas 'de minimis' concedidas en un registro central a nivel nacional o europeo a partir del 1 de enero de 2026 con el objetivo de redecir la burocracia que tienen que afrontar las empresas.
Un tercer cambio para el marco general de ayudas de pequeña cuantía establece "puertos seguros" para los intermediarios financieros a fin de impulsar las ayudas en forma de préstamos y avales al no requerir como hasta ahora una transferencia completa de la ventajas que éstos disfrutan a los beneficiarios finales de las mismas.
El marco normativo que amparaba estas ayudas de pequeña cuantía que no tienen que recibir autorización por parte de la Comisión Europea expiraba el próximo 31 de diciembre y con estas enmiendas, que se aplicarán a partir del 1 de enero del próximo año, quedará prorrogado hasta el final de 2030.
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