MADRID (Reuters) - Los grupos mayoritarios del Parlamento catalán presentaron el lunes someramente la ley que pretende gestionar la discutida transferencia de los poderes jurídicos estatales a Cataluña en caso de que gane el 'sí' en el referéndum de independencia previsto para el próximo octubre.
Sin dar detalles ni facilitar la fecha en que se aprobará, Junts pel Sí y la CUP, formaciones soberanistas que ostentan la mayoría en la cámara regional, se limitaron a decir que se ratificará antes del 1 de octubre, fecha en la que está prevista una consulta a la que el Gobierno español se opone frontalmente.
"La ley quiere cubrir el período inmediatamente posterior al referéndum, y sólo seguirá adelante si gana el 'sí'", dijo en rueda de prensa el diputado del PDeCat Lluis Corominas.
"Después de un período de transición, iremos a un proceso constituyente: La propuesta y constitución de la república catalana", añadió Corominas.
La denominada "ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república catalana" regularía ese proceso constituyente y establecería cómo se gestionarían las competencias que hoy pertenecen al Estado español.
Según detalles de la ley de 89 artículos, reproducida por el diario La Vanguardia, se sustituirá el Tribunal Constitucional español por una sala de garantías local y el Tribunal Superior de Justicia pasará a ser el Tribunal Supremo catalán.
"Hay que reiterar la voluntad de Cataluña, ya como un Estado soberano e independiente, de vehicular la sucesión de manera negociada y pactada con las instituciones españolas, europeas e internacionales", según el texto.
El documento, cuyo artículo cuatro da por sentado que Cataluña seguirá perteneciendo a la Unión Europea al recoger que seguirá aplicándose el derecho comunitario, incluye aspectos como el control del territorio y la consideración de catalanes de todos los empadronados en la región a 31 de diciembre de 2016. Los ciudadanos catalanes podrán tener también la nacionalidad española.
El anuncio llega dos semanas después de que la Mesa de la cámara regional, en medio de una creciente presión política y judicial, pospusiera la decisión de iniciar la tramitación de otra norma clave para el 'procés', la ley del referéndum que regulará cómo se llevará a cabo la consulta y que el Gobierno central impugnará ante el Tribunal Constitucional.
Aunque no está claro cómo se celebrará la votación, si como se prevé queda suspendida por la Justicia española, la Generalitat insiste en su determinación de consultar a la ciudadanía, algo que quieren la mayoría de los catalanes, según los sondeos.
El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, que ha pedido a las autoridades catalanas que renuncien a sus planes de "ruptura y división", conversó el lunes telefónicamente con el principal líder de la oposición, el socialista Pedro Sánchez, que le recalcó su apoyo a un "frente común" contra "el desafío soberanista catalán", según el portavoz del PSOE, Óscar Puente.
"Es un nuevo engaño de un proceso engañoso: ni el día 1-O tendremos un referéndum ni el día 2 una república catalana", dijo el secretario general de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, el lunes.
El acalorado debate sobre el referéndum del 1 de octubre quedó aparcado provisionalmente a raíz de los atentados yihadistas del 17 de octubre en Cataluña, que dieron lugar a un cruce de acusaciones sobre falta de coordinación e información entre la policía autonómica y la estatal.
De hecho, la masiva manifestación que se celebró el sábado en Barcelona en repulsa por los atentados se convirtió parcialmente en una reivindicación soberanista con miles de banderas independentistas.