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Canal de Isabel II demanda a Colombia por la expropiación de filial Triple A

Publicado 19.01.2023, 12:52
© Reuters.  Canal de Isabel II demanda a Colombia por la expropiación de filial Triple A

Madrid, 19 ene (.).- La empresa pública madrileña Canal de Isabel II ha presentado una denuncia contra Colombia en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) por el despojo de sus inversiones en la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla, conocida como Triple A.

Según ha trasladado la entidad pública a EFE y como adelantó el diario El País, la denuncia fue presentada el 26 de diciembre pasado en el Ciadi, un organismo dependiente del Banco Mundial con sede en Washington y dedicada al arreglo de diferencias sobre inversiones internacionales.

Con este paso se da inicio a un proceso de arbitraje internacional sobre "la confiscación por parte de Colombia de las inversiones de Canal Extensia", apunta el Canal de Isabel II.

Canal Extensia fue creada en 2001 por parte de la entidad pública para su expansión en Latinoamérica y adquirió la mayoría accionarial de la colombiana Inassa (Sociedad Interamericana de Aguas y Servicios S.A.) por unos 100 millones de euros.

Esta transacción ha sido investigada desde 2016 en el conocido 'caso Lezo' por el pago de mordidas y comisiones por lo que fue detenido el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González.

"La confiscación por parte de Colombia de las inversiones de Canal Extensia, a través de un mecanismo de enajenación temprana llevado adelante sin la más mínima transparencia y en violación de las garantías básicas del debido proceso, quebranta gravemente las obligaciones que Colombia adquirió en virtud del Acuerdo entre el Reino de España y Colombia para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, firmado en Bogotá el 31 de marzo de 2005 y en vigor desde el 22 de septiembre de 2007", ha señalado el Canal de Isabel II a EFE.

El 4 de octubre de 2018, la Fiscalía de Colombia anunció el embargo de acciones de Triple A por considerar que Inassa le cobró unos 68 millones de euros por un contrato de asistencia técnica que no se produjo, y, a finales de 2021, activó un mecanismo de "enajenación temprana", es decir, de expropiación.

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