Barcelona, 7 nov (.).- La Generalitat obligará a obtener licencia urbanística previa a viviendas de uso turístico en 262 municipios catalanes donde hay problemas de acceso a la vivienda o una alta concentración de vivienda turísticas.
El Govern ha aprobado este martes el decreto ley que señala que los ayuntamientos de estos 262 municipios deberán modificar su planeamiento urbanístico para recoger expresamente la posibilidad de acoger pisos turísticos, justificando que tienen suficiente suelo para vivienda permanente y, en ningún caso, podrán sobrepasar los 10 pisos turísticos por cada 100 habitantes.
Con los datos actuales, la normativa obligaría a cerrar 28.000 pisos turísticos en 47 municipios, que superan la ratio de 10 viviendas turísticas por cada 100 vecinos.
Los municipios afectados no podrán conceder nuevas licencias de pisos turísticos desde la entrada en vigor del decreto ley y hasta que modifiquen su planeamiento.
Estas nuevas licencias urbanísticas para vivienda de uso turístico tendrán una duración de 5 años renovables y los actuales propietarios de pisos turísticos tendrán un margen también de cinco año para pedirla.
La consellera de Territorio, Ester Capella, ha enmarcado esta normativa en la voluntad del Govern de "garantizar" el acceso a la vivienda y la contención de los precios de los pisos de alquiler.
Se trata de garantizar que la vivienda "sea un derecho fundamental", ha asegurado Capella y ha añadido que lo harán especialmente en municipios turísticos donde se dan tensiones de precios y no se garantiza que haya viviendas suficientes para alquiler residencial.
La consellera ha explicado que, actualmente, hay más de 100.000 viviendas de uso turístico para un total de unos 4 millones de viviendas que hay en Cataluña.
Ha destacado que las viviendas de uso turístico no son de nueva construcción, sino que inicialmente estaban destinadas a uso residencial y cambiaron de destino, lo que "dificulta" la oferta residencial, más en un momento de crecimiento de la demanda de vivienda y de aumento de la población en Cataluña, que ya ha llegado a los 8 millones de personas.
Por este motivo, el Govern ha adoptado "medidas urgentes" mediante este decreto ley para evitar los cambios de uso residencial a turístico, específicamente en aquellas zonas donde el acceso a la vivienda ya presenta problemas habitualmente y donde la excesiva concentración de pisos turísticos provoca problemas de convivencia y gentrificación.
Este decreto se basa en directivas europeas y en el propio Estatut, además de la ley del suelo, que determina que el uso del suelo ha de ir condicionado a generar vivienda para residencia habitual, con lo que la normativa modifica la Ley de Urbanismo.
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