La Habana, 2 nov (.).- El Gobierno de Cuba ha dado un plazo de tres meses a las empresas -estatales o privadas- para incluir como forma de pago las transferencias electrónicas por teléfono o con tarjeta bancaria, o de lo contrario suspenderá sus actividades, según una resolución publicada este jueves en la Gaceta Oficial.
La disposición, que entrará en vigor dentro de un mes, es el último paso del llamado "proceso de bancarización" del país caribeño, que se inició en agosto pasado para reducir el uso de efectivo y que ha recibido críticas incluso desde algunos sectores del oficialismo.
En Cuba conviven las denominadas "pasarelas nacionales", unos sistemas de pago digital nacionales, o "terminales de punto de venta", en referencia a los datáfonos.
En la isla -sumida en una profunda crisis económica agravada por la pandemia, errores de gestión y las sanciones de Estados Unidos- el pago en efectivo sigue siendo la primera opción de los cubanos, quienes muchas veces deben hacer largas colas para retirar billetes de los cajeros.
Los hoteles, así como las tiendas estatales en divisas, concentran gran parte de los pocos datáfonos que funcionan en el país, según han explicado medios oficiales.
El pasado septiembre, durante una intervención en la televisión estatal, Adalberto Venero Lemus, viceministro del Misterio del Turismo, subrayó que el 30 % de los datáfonos en Cuba se concentran en el sector turístico.
A inicios de agosto, el Gobierno anunció que los negocios privados tendrían un límite de 5.000 pesos cubanos (CUP) -unos 42 dólares al cambio oficial- para extraer en cada operación.
Este paso fue calificado por economistas independientes consultados por EFE como una delgada línea entre lo "necesario" y un "corralito bancario".
Los economistas recordaron que las pequeñas y medianas empresas (mipymes) privadas en la isla necesitan pesos cubanos en efectivo para cambiar por dólares en el mercado negro -no pueden hacerlo en el sistema bancario- para importar sus productos.
Las mipymes, que comenzaron a surgir hace dos años tras décadas de prohibición, son objeto de controversia en Cuba. Actualmente son unas 8.000 en todo el país.
Algunos aplauden que hayan contribuido a aliviar en parte la fuerte escasez de productos básicos que sufre el país desde hace más de dos años.
Entre las principales críticas están los sectores oficialistas que les responsabilizan de azuzar la fuerte inflación que aqueja a la economía, así como las voces disidentes que aseguran que estos nuevos actores están controlados por la élite política y militar del país comunista.