Túnez, 26 may (.).- La Fiscalía tunecina ordenó este viernes la detención de tres sindicalistas de una empresa de fabricación de piezas de automóviles por "socavar la libertad de trabajo" e "incitación a la huelga" después de convocar movilizaciones en la ciudad de Sousse (centro-este), reveló la radio local Mosaïque FM.
En declaraciones a este medio, el abogado Ftiha Ben Salah explicó que los tres detenidos, miembros de la Confederación General del Trabajo de Túnez (CGTT), serán presentados ante el juez el próximo miércoles mientras que el parón de cinco días previsto a partir del próximo 29 de mayo fue aplazado tras iniciar negociaciones con el gobernador de la región que prometió buscar soluciones a su situación laboral.
Desde febrero las autoridades han llevado a cabo el arresto de varios sindicalistas, incluido el secretario general de la sección de autopistas, Anis Kaabi, por "haber provocado pérdidas financieras" a la compañía nacional Túnez Autopistas debido a una huelga nacional de dos días.
Poco antes el presidente, Kais Said, -que se arrogó plenos poderes en julio de 2021- pidió a las fuerzas de seguridad tomar medidas contra quienes "conspiran" contra la seguridad nacional o las empresas públicas.
Con motivo del Primero de Mayo, el secretario general de la poderosa central sindical de la UGTT, Noureddine Taboubi, denunció violaciones contra el derecho sindical y amenazas por parte del Gobierno para impedir la defensa de los trabajadores ante sus condiciones "miserables".
El pasado marzo las autoridades impidieron la entrada de una delegación de la Confederación Sindical Internacional (CSI) y expulsaron un mes antes a la secretaria general de la Confederación Europea de Sindicatos (CES), Esther Lynch, declarada "persona non grata" tras participar en una manifestación sindical.
La UGTT, que asegura contar con un millón de afiliados, mantiene un enfrentamiento abierto con el Ejecutivo, que trata de concluir con el Fondo Monetario Internacional (FMI) un crédito de 1.900 millones de dólares después presentar un programa de reformas antipopulares que incluye la retirada de las subvenciones a productos de primera necesidad y carburantes así como privatizar algunas empresas públicas.
Aunque la UGTT apoyó en un primer momento la iniciativa del mandatario, calificada de "rectificación" del proceso revolucionario iniciado en 2011, ha criticado duramente la nueva constitución- que instaura un régimen "ultrapresidencialista"- y las últimas elecciones legislativas, con una abstención de cerca del 90 % del censo.